Usted está aquí: miércoles 30 de mayo de 2007 Sociedad y Justicia Investigan a juez por supuesta protección a 57 talamontes

Negó a la PGR órdenes de aprehensión

Investigan a juez por supuesta protección a 57 talamontes

ALFREDO MENDEZ

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una investigación administrativa en contra de Gerardo García Anzures, juez cuarto de distrito de procesos penales federales con sede en Toluca, estado de México, a quien se acusa de haber favorecido a 57 presuntos talamontes que operan en esa entidad, ya que el juzgador negó recientemente a la Procuraduría General de la República (PGR) las órdenes de aprehensión solicitadas contra los inculpados.

Autoridades del CJF indicaron que el procedimiento que se inició en contra del impartidor de justicia derivó de una queja presentada por comuneros y funcionarios de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la entidad mexiquense.

Según revelaron las fuentes consultadas, "el CJF admitió para trámite una queja de carácter administrativo en contra del licenciado Gerardo Eduardo García Anzures, titular del juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de México.

"El recurso fue presentado por Alejandro Angulo Carrera, delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en el estado de México, y por Ildefonso Zamora Baldomero, comunero de San Juan Atzingo, en la misma entidad, por la actuación del juzgador en la causa penal 2/2007, en la que negó la orden de aprehensión en contra de 57 personas consignadas por el agente del Ministerio Público Federal, a quienes les atribuye tala ilegal en zonas boscosas de los límites del estado de Morelos y México", indicaron.

Juan Atzingo es padre de Aldo Zamora, quien fue asesinado hace dos semanas, luego de que denunció a un grupo de talamontes que operan en la zona boscosa que colinda con el llamado Corredor Biológico Chichinautzin, ubicado entre los estados de Morelos y el estado de México.

El pasado 9 de febrero, el juez García Anzures negó las órdenes de aprehensión contra 57 personas, con el argumento de que la PGR no entregó los suficientes elementos para inculpar a cada uno de los presuntos talamontes.

 
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