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Aumento de crímenes, porque EU y México incumplen un pacto suscrito en 2001

Denuncian ONG nuevo caso de migrante asesinado por la Patrulla Fronteriza

Reprochan que la cancillería mexicana no dé seguimiento a los convenios

JOSE ANTONIO ROMAN

Ampliar la imagen En Nuevo Laredo, un indocumentado cruza el río Bravo hacia Texas En Nuevo Laredo, un indocumentado cruza el río Bravo hacia Texas Foto: Ap

Las constantes muertes de migrantes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza demuestran el incumplimiento del acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que esa corporación use "armas no letales", denunciaron organizaciones pro migrantes de ambos lados de la frontera.

La Coalición pro Defensa del Migrantes, de Tijuana, y la Fundación de Asistencia Legal Rural, de California, señalaron que dicha situación también es atribuible al gobierno mexicano, principalmente a la cancillería, por no dar seguimiento al acuerdo suscrito en junio de 2001, en el cual se acordó que la Patrulla Fronteriza iba a utilizar "armas no letales para reducir riesgos y eliminar las muertes de migrantes".

En una carta enviada al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, las dos organizaciones reportan el caso de Ramiro Gámez Acosta, migrante que fue ultimado por un agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 26 de marzo, mientras intentaba regresar a territorio mexicano después de ser descubierto. El agente disparó con un rifle M-16, presumiblemente con una bala expansiva, que usa regularmente la corporación, a dos metros de distancia.

Ahora, al riesgo de perder la vida en el desierto, congelado en la montaña, ahogado en el río o a causa de alguna persecución a alta velocidad por la Patrulla Fronteriza se suma el peligro de ser ultimado por un agente de esa corporación, manifestó Claudia Smith, de la fundación californiana, quien firmó la carta enviada a la CNDH.

Además señala que "este es el momento para exigir que se empleen armas que verdaderamente no sean letales, si se busca reducir el número de muertes". Explicó que la contratación de 6 mil agentes -lo cual se exige en varios proyectos de ley para reforzar la vigilancia en la frontera- exacerba el uso excesivo de la fuerza, del que comúnmente son víctimas los indocumentados.

En la misiva se señala que, a pesar de que hay una investigación por la muerte de Gámez Acosta, la Patrulla Fronteriza tiene como "práctica común" obstruir las pesquisas contra sus agentes. Destaca el caso de Guillermo Martínez Rodríguez, asesinado el 30 de diciembre de 2005 por un policía fronterizo, en circunstancias aún más controvertidas, pues le dispararon por la espalda. Todavía no se conoce el resultado de la pesquisa que efectúan las autoridades estadunidenses. Ello pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que no iba a escatimar esfuerzos porque se esclareciera el caso.

Al parecer esa corporación está más interesada en dar con la persona que subió a Internet el video que registra la muerte de Ramiro Gámez -las imágenes fueron captadas por cámaras de la Patrulla Fronteriza-, que en aclarar por qué no se ha acatado el acuerdo de emplear "armas menos letales" contra los migrantes y no usar balas expansivas.

De igual forma, ambas organizaciones reclaman a la cancillería que no haya reaccionado a los comentarios que hizo el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, de que las autoridades de su país tendrían "cero tolerancia" con la violencia en la línea fronteriza. "Además de contradecir las normas de la Patrulla Fronteriza, las declaraciones de Chertoff fueron, en los hechos, un abandono del acuerdo bilateral de junio de 2001".

 
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