Se presenta oportunidad para acotar poder de las dos televisoras, afirman expertos
Beneplácito por resolución contra ley Televisa; llaman al Congreso a legislar
El Estado se ha convertido en rehén de las principales empresas, advierten analistas
Subrayan poder monopólico de esas firmas y señalan necesidad de abrir la competencia
A más de un año que sostuvo en entrevista con La Jornada que las leyes federales de Radio y Televisión, así como la de Telecomunicaciones, contravienen varios artículos de la Constitución porque fomentan actividades de monopolio, trastocan los procesos electorales, afectan a los medios de comunicación públicos, a las estaciones comunitarias e indígenas, eluden la intervención de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y soslayan las licitaciones públicas previstas por la Carta Magna, el constitucionalista Elisur Arteaga Nava esbozó ayer una sonrisa de satisfacción cuando se enteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo el punto central de la llamada ley Televisa.
"Gracias a la Corte ha caído uno de los poderes fácticos que existía en el país y contra el que nadie podía oponerse; un poder que influyó sobremanera en el pasado proceso electoral fraudulento de 2006", puntualizó el jurista, quien exhortó al Congreso de la Unión a legislar sobre una nueva ley de medios, acorde con los lineamientos establecidos por los ministros.
En tanto, diputados del PRD y del PT subrayaron que con la declaratoria que hizo la Corte sobre la inconstitucionalidad de la parte fundamental de la ley Televisa se presenta una oportunidad para que el Congreso de la Unión presente una nueva iniciativa destinada a acotar los intereses de las dos grandes televisoras en México.
Los perredistas Humberto Zazueta, Luis Sánchez y Emilio Ulloa coincidieron en señalar la obligación del Estado mexicano de no permitir la pérdida de sus atribuciones reguladoras con objeto de garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos.
Luis Sánchez Jiménez, vocero de la fracción parlamentaria perredista en San Lázaro, subrayó que el artículo impugnado en el juicio de inconstitucionalidad y sancionado como ilegal por los ministros es clave, porque uno de los argumentos básicos es que atenta contra la libertad de expresión.
Para Zazueta, las determinaciones asumidas por la SCJN confirman que la ley Televisa fue producto de un chantaje y de una presión de las televisoras en el marco de una campaña electoral muy competida; el PRI y el PAN establecieron un acuerdo con esas empresas con objeto de aprobar una legislación favorable a los monopolios de comunicación electrónica.
El presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa Pérez, coincidió también con su correligionario Luis Sánchez, pero dijo que hay que esperar la resolución final de la Corte.
A su vez, Ricardo Cantú, dirigente colegiado del PT, celebró la determinación de los magistrados, al señalar que el hecho de que no se permita una renovación automática y vitalicia de las concesiones de radio y televisión es muy positivo, porque el Estado es el que debe mantener la rectoría sobre el espectro radioeléctrico y no los particulares.
Para el experto en derecho constitucional Elisur Arteaga la determinación del máximo tribunal "abre todo el espectro televisivo para dar cabida a otros competidores que entren en ese negocio, además de que esto nos permitirá contar con otras visiones creativas que mejoren el espectáculo de la televisión y la hagan democrática".
En tanto, especialistas en medios de comunicación y derecho a la información de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) calificaron de "histórica e importantísima" la decisión que declara inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Francisco Javier Esteinou, catedrático de la UAM-Xochimilco, agregó que con esta determinación se dio marcha atrás en el fortalecimiento de un modelo mediático "ultramonopólico y oligárquico", aunque aseguró que aún falta que los poderes Ejecutivo y Legislativo "asuman su responsabilidad y convoquen a un nuevo debate, en el cual se recuperen las propuestas de la sociedad civil, investigadores y permisionarios, para elaborar una nueva ley más democrática y plural".
Romeo Pardo Pacheco, especialista en el análisis de tendencias de opinión pública en medios de comunicación, afirmó que no basta con garantizar que no habrá concesiones a perpetuidad y que el espectro radioeléctrico no podrá ser concesionado por subasta pública; se requiere, insistió, una visión integral en la cual no sólo se cree una tercera cadena comercial, sino que "se dé mayor importancia a los medios públicos y comunitarios de comunicación".
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (CMDDH), de su lado, también celebraron que la Corte invalidara las concesiones de radio y televisión por subasta, además de pronunciarse en contra del plazo fijo de 20 años para la vigencia de las mismas.
La directora ejecutiva de Cencos, Brisa Maya, aseguró en entrevista que este hecho obliga al Congreso de la Unión a valorar la manera en que legisla y para quién lo hace.
Por su parte, Fabián Sánchez Matus, de la CMDDH, se sumó a la felicitación a los ministros por brindar protección a los derechos humanos, y repercutir en bien de la libertad de expresión y del acceso a la información, pero sobre todo en favor de la rectoría económica del Estado, porque el cobro por las concesiones podría impactar, consideró, en la cuestión social.
Finalmente, Ernesto Villanueva, analista en derecho a la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el dictamen de los ministros es una nueva esperanza para que en el país se dé un reposicionamiento democrático de los poderes del Estado que, en los hechos, se han convertido en rehenes de los dos principales consorcios televisivos.
Con información de Roberto Garduño, Alfredo Méndez, Elizabeth Velasco, Laura Poy, Alma Muñoz y Gabriel León