Usted está aquí: viernes 8 de junio de 2007 Opinión El privilegio

Luis Javier Garrido

El privilegio

Los diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada ley Televisa, aunque no limitan en nada los privilegios de Televisa, Tv Azteca y otras empresas que se han adueñado ilegítimamente del espacio radioeléctrico, están abriendo de nuevo la posibilidad para los mexicanos de poner un alto a la situación que prevalece en la materia.

1. La Corte, como ya se sabía, estableció la anticonstitucionalidad de varios preceptos y reconoció desde el hecho de que las concesiones no pueden ser refrendables en automático hasta que el Congreso marginó a las etnias, dándole así la razón parcialmente a los demandantes y obligando a los legisladores a reabrir el expediente.

2. El costo que implica para el gobierno haber tenido que ceder, aunque sea parcialmente, ante la demanda de un grupo de senadores y de diversos sectores sociales a fin de poder preservar su control sobre los medios, no ha sido ponderado del todo, pues a pesar del control PRI-PAN sobre el Congreso se abre de nuevo la discusión en el país al tener los legisladores que discutir de nuevo la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, modificadas al vapor en 2006 para lograr el respaldo pleno de los medios privados a la campaña negra del gobierno foxista contra López Obrador.

3. El aspecto central de la nueva discusión en las cámaras, en consecuencia, seguirá siendo durante los próximos meses el de la oposición que existe entre los derechos constitucionales de la nación a disponer del espacio radio eléctrico a través de un régimen de concesiones periódicas no susceptibles de prorrogarse automáticamente, como lo prevén las leyes mexicanas, y la pretensión de Televisa, de Tv Azteca y de otros grupos corporativos de imponer sus privilegios y adueñarse de un bien nacional.

4. Televisa no deja de evidenciar todos los días que actúa contra la legalidad no sólo de México, sino de otros países, como lo hace por ejemplo al intensificar la campaña de desinformación de carácter totalitario que lleva a cabo contra el gobierno de Venezuela por la decisión legítima y apegada a derecho del presidente Hugo Chávez de no haber otorgado en este 2007 una nueva concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) al vencimiento de la anterior, siendo que ese gobierno actuaba en estricto apego a la ley.

5. El régimen calderonista busca con este fallo de la Suprema Corte que el alto tribunal recupere una cierta legitimidad tras años de desprestigio generado por acciones y omisiones inexcusables, y en particular por una serie de decisiones erróneas en materia de interpretación constitucional como por la abierta participación política de varios de sus ministros avalando actos inconstitucionales de los gobiernos neoliberales de Zedillo, de Fox y de Calderón. No obstante, a pesar de la intensa propaganda que se está llevando a cabo, esta campaña mediática va a fracasar, pues resulta evidente que el llamado Poder Judicial no es todavía en nuestro país un poder autónomo, sino una serie de instancias subordinadas por completo a las mafias de poder económico y político que prevalecen en México por sobre los derechos de los mexicanos.

6. El gobierno de Calderón se ha dado con este fallo, por otra parte, la posibilidad de renegociar con los consorcios radiales y televisivos las condiciones de las nuevas concesiones, es decir, de las relaciones de estos grupos con su gobierno: lo que Fox creía ya haber negociado y "amarrado" para su grupo, y esto es muy grave para el país.

7. El fallo de la Corte en un asunto en el que no podía actuar de otra manera sin violentar una vez más el marco constitucional, y correr el riesgo los señores ministros de tornarse de nuevo en el hazmerreír de todos al continuar ahondando la creciente ilegalidad en el que se halla el régimen panista-priísta de "la alternancia" no debe, por lo mismo, confundir sobre la realidad de lo que está aconteciendo. La obsesión de los neoliberales del PAN y del PRI por desmantelar el marco constitucional de 1917 y por hacer cada vez más del Estado un botín no ha menguado y los intereses económicos y políticos de prominentes miembros de la "clase política" vinculados a Televisa, a Tv Azteca y a otros consorcios, empezando por los integrantes de los grupos de Salinas, de Fox y de Calderón, no han cedido en nada de fondo, y tras haber dado en apariencia un paso atrás van ahora a echarse hacia delante para preservar sus privilegios.

8. En el México de inicios del siglo XXI no hay una Suprema Corte de Justicia digna ni un Poder Judicial autónomo, ni los medios masivos de comunicación se hallan sometidos a un orden legal que obligue a los consorcios que los usufructúan en beneficio de unos cuantos empresarios corruptos, a utilizarlos con criterios éticos y en beneficio de las mayorías.

9. El fallo de la SCJN abre, sin embargo, condiciones favorables para enfrentar el que es uno de los grandes problemas nacionales: el control que ejercen para su beneficio unos cuantos traficantes de influencias sobre los medios, que entre otras cosas se han convertido en los grandes beneficiarios de las campañas electorales y se arrogan con mentalidad golpista el privilegio de imponer y vetar a gobernantes.

10. El espacio que se abre para quienes defienden los derechos inalienables de la nación y de los mexicanos a disponer de estos bienes para beneficio de todos, para lo cual es urgente acotar el poder del duopolio televisivo, que aliado al régimen priísta-panista, envilece y engaña a los mexicanos y asfixia a la nación es, por todo esto, excepcional.

 
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