Acusaron a la STPS de realizar una investigación deshonesta y sin transparencia

Viudas de mineros de Pasta de Conchos rechazan por anticipado peritaje oficial

La secretaría desdeña los señalamientos; ellas ignoran los pactos que hemos firmado, dice

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos advirtieron que rechazarán el peritaje que ordenó elaborar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones que prevalecen en el yacimiento para continuar o descartar el rescate de los cuerpos, ya que no ha existido transparencia en la investigación y se incumplieron los acuerdos. Estas afirmaciones fueron desmentidas por la dependencia y sostuvo que inclusive un experto designado por los familiares participará en la elaboración del dictamen.

Ayer por la mañana representantes de las viudas, acompañadas por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ofrecieron una conferencia de prensa en la que adelantaron que no aceptaron el peritaje de la secretaría, y sostuvieron que la investigación no ha sido honesta.

A nombre de los familiares de las víctimas, Elvira Martínez y María de Lourdes Zapata señalaron que la dependencia rompió los acuerdos establecidos, se les excluyó e inclusive señalaron que se mandaron realizar "peritajes fantasmas".

Exigieron que cumplan con lo pactado, como es la realización de un peritaje transparente y la reanudación de los trabajos de mantenimiento de la mina Pasta de Conchos, con el propósito de que se procuren las condiciones de seguridad para el rescate de sus muertos.

La STPS aclaró más tarde que la señora Elvira Martínez no estuvo presente en la reunión que tuvo el secretario Javier Lozano Alarcón el 12 de abril de este año con familiares de los mineros fallecidos, por lo que desconoce los detalles y contenidos de los asuntos tratados y acordados en el encuentro.

La dependencia, según se dijo, tiene comunicación permanente con Maribel Rico Montelongo y Guillermo Iglesias López, representantes de los mineros fallecidos -este último inclusive funge como enlace técnico ante la secretaría- para informar sobre los avances de los trabajos.

La STPS también sostuvo que es absolutamente serio el dictamen que se elabora sobre las condiciones de seguridad que prevalecen en la mina, ya que está a cargo del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC, en el cual hay expertos de diversas universidades del país y para que no quede duda, también está confirmada la participación de Manuel Royo, experto español propuesto por la Federación Internacional de Trabajadores de Industrias Metalúrgicas (FITIM) y los familiares de los fallecidos.

El dictamen será dado a conocer en julio, "por lo que resulta inadmisible su descalificación anticipada", señaló la dependencia.

El obispo de Raúl Vera planteó que la Comisión de Pastoral Laboral de la Conferencia del Episcopado Mexicano apoya la decisión de las viudas de rechazar el informe, ya que "los peritos que se encargaron de la investigación son fantasmas".

A su vez, Elvira Martínez aseguró que en estas investigaciones no se permitió el acercamiento del representante de la FITIM, mucho menos de los familiares, e inclusive los 14 especialistas que trabajan no tiene experiencia en minas de carbón.

Por otra parte, el sindicato minero informó que en las empresas Industrial Minera México, Planta de Cobre San Luis Unidad Charcas y la Planta Electrolítica de Zinc de Grupo México, todas ubicadas en San Luis Potosí, se tiene "aterrorizados" a los trabajadores para impedir que participen en actividades de su organización y hay grupos de choque contratados para reprimirlos. Por ejemplo, el pasado viernes 24 de mayo fue golpeado "por encapuchados" Juan José Cruz García, presidente del consejo local de vigilancia y justicia de la sección 28.

Además, en la planta de zinc hay permanentemente 200 golpeadores armados con tubos y varillas, los cuales agredieron a los miembros del comité ejecutivo local que acompañaban a Cruz García y los amenazaron con que los matarían si volvían a trabajar, por lo que éstos acumularon faltas y ahora les rescindieron sus contratos. La empresa alentó a los trabajadores a crear un "sindicato independiente", por lo que demandaron la intervención de las autoridades para evitar que se dé un enfrentamiento como ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán.