Usted está aquí: domingo 10 de junio de 2007 Política El establecimiento en México del plan Colombia se negocia desde hace meses

Es parte de una estrategia regional que incluirá a CA, admiten altos funcionarios

El establecimiento en México del plan Colombia se negocia desde hace meses

EU condiciona ayuda contra la delincuencia a que se modifiquen aquí leyes de extradición

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Ampliar la imagen En este sexenio ha aumentado el número de miembros de las fuerzas armadas que realizan labores de combate a la delincuencia organizada. En imagen de archivo, navíos de la Secretaría de Marina, en Lázaro Cárdenas, Michoacán En este sexenio ha aumentado el número de miembros de las fuerzas armadas que realizan labores de combate a la delincuencia organizada. En imagen de archivo, navíos de la Secretaría de Marina, en Lázaro Cárdenas, Michoacán Foto: Francisco Olvera

En los próximos seis meses Colombia, los países centroamericanos y México deberán contar con diagnósticos "reales" de sus problemas de delincuencia organizada -como tráfico de drogas y de armas, trata de personas, lavado de dinero y pandillas- con el fin de que junto con Estados Unidos establezcan una estrategia regional contra los grupos criminales, revelaron altos funcionarios nacionales.

Los entrevistados, que participaron en el encuentro que sostuvieron los procuradores y fiscales de Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia, indicaron que por primera vez se planteará una estrategia regional contra dichos grupos, para la que el gobierno de George W. Bush ofreció no sólo proporcionar ayuda económica y capacitación, sino apoyo en materias tecnológica y de inteligencia.

Señalaron que la posibilidad de que México reciba ayuda de Estados Unidos y se desarrolle un plan contra el narcotráfico parecido al implementado en Colombia no es una situación novedosa, toda vez que existe la intención desde abril pasado, cuando por primera vez visitó México el procurador estadunidense, Alberto Gonzales, acompañado por el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, John P. Walters.

De acuerdo con la información recabada, desde ese mes se alcanzaron los primeros acuerdos para "fortalecer la cooperación antinarcóticos entre los dos países, con el fin de lograr un combate más contundente contra el crimen organizado", situación que incluyó el ofrecimiento de aeronaves, equipo de espionaje y seguimiento, así como cursos de capacitación.

Pero, indicaron los funcionarios, a cambio los estadunidenses pidieron a México -como ha ocurrido desde hace años- modificaciones a las leyes que regulan las extradiciones, para que se realicen de manera expedita.

En ese contexto, señalaron las fuentes, el análisis estadunidense sobre la violencia y el crecimiento del consumo de drogas en México ha causado que el país vecino tema que resulte afectada la seguridad en su territorio.

Por ello se realizó el encuentro, ya que no existe un verdadero sistema de intercambio de información criminal entre las naciones citadas, lo que hace vulnerables muchos sistemas de seguridad en la región.

Asimismo, durante la reunión se acordó elaborar un diagnóstico nacional y regional que permita detectar a los grupos, sus rutas y sus integrantes.

En ese contexto, se debe recordar lo dicho por el procurador estadunidense durante la conferencia ofrecida en Jiutepec, Morelos, el pasado viernes, cuando reveló que su nación ya ha dado "entrenamiento a policías y fiscales" de la región centroamericana para combatir a organizaciones criminales y bandas como la Mara Salvatrucha desde principios de este año.

Los funcionarios entrevistados agregaron que ahora se pretende un esquema de seguridad regional, en el cual México ha pedido mayor apoyo de Estados Unidos para combatir de manera más radical el tráfico de drogas.

Sin embargo, entre las exigencias estadunidenses al gobierno mexicano está que se envíe al Congreso una iniciativa que incluya no sólo la extinción de dominio (lo cual se hizo en marzo pasado), sino también otras propuestas legislativas que autoricen a la policía realizar las llamadas "entregas vigiladas", el cambio de identidad y hasta de país de los testigos protegidos, la infiltración en las organizaciones criminales (lo cual ya se realiza, pero ilegalmente) y, el tema más importante, modificaciones al sistema de extradición.

 
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