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Más de un millón resultarán afectados: organizaciones

Criminaliza Guanajuato venta y posesión de predios irregulares

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ

Ampliar la imagen Según diversas organizaciones, al menos 220 mil familias guanajuatenses habitan en 550 predios sin regularizar Según diversas organizaciones, al menos 220 mil familias guanajuatenses habitan en 550 predios sin regularizar Foto: Martín Diego Rodríguez

Guanajuato, Gto., 10 de junio. El Congreso del estado aprobó reformas al Código Penal para que se castigue con cárcel y se persiga de oficio la venta, compra y promoción de terrenos no regularizados en la entidad, lo que afectaría a por lo menos 220 mil familias que viven en 550 asentamientos irregulares.

La iniciativa fue presentada por el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Guadalupe Vera Hernández -ligado a empresarios de la construcción en León- y aprobada por la mayoría panista del Congreso estatal el jueves pasado, último día del periodo ordinario de sesiones.

Organizaciones sociales acusaron a los legisladores de castigar a quienes compran predios irregulares por falta de liquidez, en lugar de penalizar la especulación y las ventas dobles de tierra, e impulsar una política de desarrollo urbano.

Las reformas entrarán en vigor el próximo viernes e impondrán penas de tres a nueve años de prisión y una multa de cien a mil días de salario mínimo a quien induzca, promueva o aliente la compra y venta de terrenos no regularizados. En el apartado de delitos graves se estipula que cualquiera de esas conductas será perseguida de oficio.

Organismos adheridos al movimiento de urbanización progresiva señalaron que esas modificaciones afectarán a casi un millón 100 mil personas que viven en los cinturones de miseria de León, Salamanca, Celaya, Irapuato y Silao.

Dijeron que las reformas fueron aprobadas ''sin discusión ni negociación con quienes ya forman parte de esa realidad en Guanajuato, y sin tocar siquiera la Ley de Desarrollo Urbano ni la Ley de Fraccionamientos del Estado''.

Las uniones de Colonias Populares de Irapuato, de Adquirientes en Urbanización Progresiva y de Colonias en Vías de Urbanización, entre otras organizaciones, anunciaron que solicitarán al Congreso de la Unión votar las reformas al Código Penal.

En un documento que se enviará a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, las organizaciones civiles reprochan que la fracción panista del Congreso estatal ''privilegia a los grandes capitales y subestima la propiedad de quienes no tienen acceso a los programas de vivienda del gobierno federal ni del estatal''.

Indican que, según cifras de los institutos de vivienda de los municipios de Irapuato y León y del gobierno del estado, en la entidad hay 550 fraccionamientos irregulares, de los cuales 390 se encuentran en esta ciudad. Esos asentamientos concentran unos 220 mil lotes y en cada uno de ellos habitan en promedio cinco personas.

"Sin duda es un gran número de guanajuatenses que no tendrán seguridad y que no fueron tomados en cuenta en una negociación previa por los diputados de Guanajuato, quienes en lugar de impulsar políticas definidas sobre los asentamientos irregulares y castigar la especulación, las ventas dobles de tierra y la falta de una política de desarrollo urbano puntual, castigan a quienes compran los lotes irregulares por la falta de liquidez para adquirir vivienda de otro tipo'', manifiestan.

También destacan que los lotes ''de urbanización progresiva son de una superficie de 105 metros cuadrados, y la vivienda económica por ley establece superficies de 72 metros cuadrados, lo que tiene implicaciones en la calidad de vida de los guanajuatenses''.

Recientemente el alcalde de León, el panista Vicente Guerrero Reynoso, anunció que impulsará la construcción de viviendas económicas de 4.2 por 16 metros porque, argumentó, ''prefiero que la gente viva en casas pequeñas y no en cartolandia''. El costo de cada una de esas casas es de alrededor de 280 mil pesos.

Las organizaciones sociales destacaron que existe una ''paradoja institucional'', pues mientras los gobiernos municipales desconocen a los 550 fraccionamientos irregulares para dotarlos de programas sociales, infraestructura básica y obras públicas, sí les cobran agua potable, electricidad e inclusive impuesto predial.

En unos días dichas organizaciones tendrán una reunión con representantes del Congreso de la Unión para pedirles que veten las reformas, ''que representan un golpe más a los pobres de Guanajuato, que no tienen más posibilidad de desarrollo que sus propias manos y, ahora, hasta eso les quieren castigar''.

 
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