Gómez Urrutia toma la representación jurídica de los afectados en Pasta de Conchos
Demandarán ante la PGR a directivos y accionistas del Grupo México
La directiva del sindicato minero, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, tomará la representación jurídica de los familiares de los 65 trabajadores que quedaron atrapados en febrero de 2006 en el yacimiento de Pasta de Conchos y, de entrada, prepara una denuncia penal que presentará esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de accionistas y directivos de Grupo México.
El penalista Juan Rivero Legarreta, representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, reveló en entrevista con La Jornada que "recabamos las firmas de todas las secciones del gremio y contamos con el aval de las viudas para denunciar directamente al consejo de administración de Grupo México, que encabezan Germán Larrea y su hermano".
Agregó que la denuncia estará basada en la resolución de la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) "en la que se dijo que el consejo de administración es el principal responsable del suceso ocurrido en Pasta de Conchos y de la muerte de los trabajadores".
Señaló que la primera denuncia por esos hechos, de la que ya se sobreseyeron las causas penales, se presentó de manera incorrecta ante la Procuraduría General de Justicia de Coahuila. "Por eso se les hizo muy fácil a los abogados de Larrea decir: 'señores, aquí está el pago de la reparación del daño; les doy 700 mil pesos a cada familia y cerramos el caso'.
"Y en efecto, el Código Penal de Coahuila establece que cuando se repara el daño a una víctima y ofendido debe sobreseerse la causa, tratándose de delitos imprudenciales.
"Pero estamos hablando que la mina Pasta de Conchos es una concesión de las autoridades federales a Grupo México; entonces, a quien corresponde la investigación de los delitos de homicidios registrados después de la explosión del 19 de febrero de 2006 es a la PGR.
"Se faltó a la seguridad e higiene de los trabajadores, se les tenía en riesgo latente y por ser una concesión federal debe ser el procurador de la República, Eduardo Medina Mora, el que investigue y pida la sanción de los accionistas y directivos de Grupo México.
"Además, esta denuncia no es una doble incriminación, porque en la primera se acusó a empleados menores de la mina y a funcionarios federales; ahora se pedirá la acción penal en contra de los integrantes del consejo de administración.
"Estamos claros también de que no ha habido juicio contra los presuntos responsables; se sobreseyeron las causas sin sentencia. Si el Ministerio Público no hubiera ejercitado acción penal, entonces sí hubiera sido claro que ya no procedía otra denuncia, ni siquiera ante PGR", puntualizó Rivero.
Actualmente la PGR mantiene abierto un expediente relativo a los hechos del accidente en Pasta de Cochos, pero únicamente se investiga la probable responsabilidad penal de funcionarios de la Secretaría del Trabajo en esos hechos.