La corte ordena pago por más de 5 millones de dólares
Colombia debe resarcir a familiares de víctimas de paramilitares: CIDH
Santafe de Bogotá, 11 de junio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Colombia pagar indemnizaciones por más de 5 millones de dólares por una matanza de funcionarios judiciales en 1989 a manos de paramilitares de ultraderecha, informó este lunes un investigador del caso.
El pago debe hacerse a los familiares de 12 investigadores judiciales asesinados en el norte del país, en el sitio La Rochela.
La decisión, que no puede ser apelada, es la primera en la que el Estado colombiano es encontrado responsable por la muerte de sus propios funcionarios.
"La condena muestra que el Estado no sólo careció de voluntad para enfrentar a los paramilitares, sino que algunos funcionarios conspiraron con ellos contra los propios investigadores del gobierno", aseveró Michael Camilleri, quien trabajó en el caso para el Centro de Justicia y Ley Internacional en Washington.
La condena fue emitida el pasado 11 de mayo, pero sólo fue conocida el fin de semana. No fue posible inmediatamente obtener una reacción de algún portavoz del gobierno.
La matanza ocasionó una ola de rechazos en el país y fue una de las primeras de muchas que sucederían a manos de los escuadrones de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los paramilitares fueron organizados en la década de 1980 para recscatar a Martha Nieves Ochoa, miembro de la familia del clan narcotraficante Ochoa, así como para defender a terratenientes y ganaderos de la campaña de extorsiones de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Según denuncias, tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares se han nutrido del tráfico de drogras, en el más extenso conflicto armado interno del hemisferio, de más de cuatro décadas.
La CIDH, que es parte de la Organización de Estados Americanos, también ordenó a Colombia ofrecer mayores garantías a sus agentes de seguridad que investigan a los grupos armados ilegales.
"Esta decisión pone de presente la inoperancia de Colombia en ir a fondo con este tipo de casos", afirmó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.
La condena ocurrió en momentos en que el presidente colombiano, Alvaro Uribe, enfrenta el escándalo de la narcoparapolítica en el que congresistas miembros de su coalición política han sido encarcelados o son investigados por sus vínculos con paramilitares de las AUC.
Además se dio mientras los legisladores demócratas que controlan la mayoría del Congreso de Estados Unidos amenazan con reducir la ayuda a Colombia y no aprobar un tratado de libre comercio que firmaron ambos gobiernos.