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Presentó proyecto de dictamen para que la Corte investigue el caso

Hubo graves violaciones en Oaxaca: Silva Meza

Autoridades federales, estatales y municipales vulneraron garantías

JESUS ARANDA

Ampliar la imagen Intervención policial en la capital oaxaqueña Intervención policial en la capital oaxaqueña Foto: Francisco Olvera /Archivo

Las autoridades federales, estatales y municipales violaron gravemente las garantías individuales en el estado de Oaxaca, en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al 31 de enero pasado, sostuvo el ministro Juan N. Silva Meza, al presentar ante el pleno su proyecto de dictamen en el que propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de investigación para conocer los hechos ocurridos en la entidad que gobierna Ulises Ruiz.

Al tomar como base el informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual señala que autoridades y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno ''afectaron físicamente a un gran número de personas, en forma cruel e inhumana'', lo que se tradujo en lesionados, torturados y muertos, Silva Meza precisó los alcances que tendría la indagatoria: establecer ''por qué se dieron esas violaciones graves de garantías individuales, quién las ordenó y si (ello) obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de las policías''.

Esto, precisó ante el pleno de ministros, con el objetivo de que la sociedad mexicana, ''y en particular'' los habitantes de Oaxaca, conozcan por qué ocurrieron esos hechos violatorios de las garantías individuales y de los derechos humanos, y se pueda contrarrestar ese estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad que motivaron la gravedad de las violaciones.

Lo anterior, sostuvo, ''dará confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los derechos humanos fundamentales de los gobernados, al hacer que se respeten los límites que permiten la convivencia armónica de la sociedad''.

Una vez establecido lo anterior, precisó, la Suprema Corte estaría en condiciones de emitir criterios sobre los límites de la fuerza pública, pero además, le haría llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías, sean jurídicas o civiles, y en su caso, su opinión sobre ''posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas''.

Silva Meza comentó que el informe especial, emitido recientemente por la CNDH, ''es de gran importancia para la calificación de los hechos'', ya que la vocación de la comisión es precisamente la defensa de los derechos humanos.

Añadió que dicho informe estableció que en Oaxaca hubo violación ''al derecho a la libertad, a la propiedad y a la posesión, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la vida'', lo que en resumen constituyeron ''atentados en contra de la integridad corporal y tortura''.

El ministro aseveró que el Estado mexicano, al ratificar una serie de compromisos internacionales, asumió la obligación de respetar la integridad personal, lo cual incluye una protección contra la tortura y cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante, ''lo que implica el deber de abstenerse de conculcar esos derechos'', y como el Estado es garantía de que se cumplan los compromisos, entonces tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos, aseveró.

Silva aseveró que los hechos ocurridos en Oaxaca en el periodo que comprende el informe de la CNDH, ''han trascendido a la vida de esa entidad'', pues resulta evidente que ante la manifestación ilimitada de la fuerza pública de que el Estado dispone, sin cumplir el mandato constitucional y el compromiso internacional de respetar los derechos, así como la integridad física y emocional de las personas, los habitantes de esa entidad ''vivieron, y tal vez vivan todavía, un estado de incertidumbre emocional y jurídica''.

Resulta lógico, aseveró el ministro en su proyecto de dictamen, que vivan en la zozobra ante autoridades que ejercen ''ilimitadamente'' la fuerza pública al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico.

En su argumentación para que sus compañeros apoyen su propuesta, y se forme una comisión de magistrados de circuito que investigue y entregue su informe a la Suprema Corte, Silva Meza comentó que destaca ''significativamente'' que sea la Cámara de Diputados la que pida oficialmente la investigación de los hechos, ya que los legisladores, al ser electos democráticamente, representan la soberanía popular de conocer la verdad sobre la situación de Oaxaca.

Debido a que la transmisión televisiva de la sesión estaba por concluir, Guillermo Ortiz Mayagoitia cedió la palabra a Silva Meza sólo para que expresara el contenido general de su proyecto de dictamen, razón por la que se aplazó para el próximo jueves la discusión del mismo, donde se espera una votación dividida.

 
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