Plantean indagar conducta de PGR y CNDH en aborto
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa exhortó ayer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a que realice una investigación a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, por presuntamente incurrir en conductas discriminatorias.
Mediante un punto de acuerdo presentado por Agustín Guerrero, a nombre de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada, se estableció que al interponer sus acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas legales en materia de aborto, Soberanes y Medina Mora pretenden "negar el acceso de las mujeres al derecho constitucional para decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo".
Además, se hizo un llamado a los integrantes del consejo consultivo de la CNDH para que emitan una opinión en torno a la "decisión personal" del ombusdman nacional de interponer ese recurso legal.
Sobre el mismo tema, el dirigente capitalino del PRD, Ricardo Ruiz, consideró que un posible fallo de la Corte contrario a esas reformas sólo fortalecería a los grupos de derecha y reavivaría los conflicto que se vivieron durante la discusión de esas modificaciones en la ALDF, y en los que la jerarquía católica participó, sin que alguna autoridad federal les pusiera freno.
Afirmó que existen los elementos suficientes para que los ministros resuelvan en favor de la ALDF, y que incluso ellos buscarán entrevistarse con los integrantes de la Corte para aportarles un análisis jurídico elaborado por constitucionalistas que prueban la legalidad de las reformas.
Compromiso del gobierno federal
En este contexto, el gobierno de México se comprometió en marzo de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a salvaguardar el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, mismo que ahora la PGR pretende invalidar con la acción de inconstitucionalidad.
Incluso, en ese año la Secretaría de Salud federal envió un oficio-circular a las entidades de salud de los 31 estados y del Distrito Federal informándoles que restringir el derecho a la interrupción legal del embarazo contribuye a "violentar el derecho a la protección de la salud, la libertad reproductiva y el derecho de las víctimas a la reparación del daño; así como a acrecentar un grave problema de salud pública, ya que en muchas ocasiones dichas obstrucciones obligan a las mujeres a interrumpir su embarazo mediante prácticas clandestinas y sin que se cubran los más mínimos requisitos de calidad y seguridad en su atención, constituyendo un factor de riesgo que incrementa la morbilidad y mortandad materna".
Lo anterior, como parte del acuerdo de solución amistosa derivado de la queja presentada ante el organismo internacional por el caso Paulina, menor de 13 años impedida en su derecho de efectuar un aborto permitido por ley en el estado de Baja California.