Garantías individuales en peligro
El problema con los gobiernos neoliberales, empeñados en demostrar que el fin justifica los medios es que olvidan con frecuencia los principios jurídicos. Se trazan una meta, la venden a la ciudadanía con hábiles estrategias de mercadotecnia, apelando generalmente a sentimientos patrióticos, o razones de "soberanía" y "seguridad nacional", y se lanzan a perseguirla "estirando" leyes existentes o negociando con la oposición leyes a la medida.
Así es como la elusiva guerra contra el terrorismo, la ilegal invasión de Irak, y en nuestro medio la desigual guerra contra el crimen organizado, han adquirido carácter de prioridades nacionales. Por eso, cuando estas medidas ilegales amenazan convertirse en realidades, los ciudadanos tenemos obligación de combatirlas con la mismo fuerza y publicidad utilizadas por el Vaticano y la derecha en el tema de la despenalización del aborto. ¡Están en juego nuestras garantías constitucionales!: el derecho a no ser molestado en nuestra persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente, que "funde y motive la causa legal del procedimiento".
¿En México, con los antecedentes de autoritarismo del Poder Ejecutivo, y montados en la excusa del crimen organizado, vamos a permitir cateos, allanamientos e intervenciones de comunicaciones electrónicas sin mandamiento judicial? Sólo basta ver la experiencia de Estados Unidos con el estatuto conocido como Ley Patriótica, promulgada por George W. Bush sin oposición política o legislativa inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El ordenamiento lo autoriza a realizar cateos y allanamientos sin autorización judicial, y a intervenir llamadas telefónicas, correos electrónicos, cuentas bancarias e información médica "para prevenir ataques terroristas". También le permite detener, deportar y extraditar extranjeros "sospechosos de terrorismo". Una de las características que más alarmó a escuelas de derecho, organizaciones de derechos humanos y asociaciones jurídicas en Estados Unidos fue la expansión del concepto "terrorismo" para incluir a terroristas "nacionales y extranjeros", abriendo la puerta a que cualquiera pueda ser considerado "terrorista". Mayor preocupación causó la autorización otorgada a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para que expida "cartas de seguridad nacional": simples requerimientos escritos que ordenan a los particulares, sin mediar evidencia de delito, a entregar cualquier documento exigido por las autoridades.
Para obtener aprobación legislativa y apoyo popular, en medio de la angustia provocada por los actos del 11 de septiembre, Bush prometió limitar la Ley Patriótica al tema del terrorismo, pero las cortes federales han recibido ya demandas que alegan aplicaciones abusivas de la ley. Eso mismo podría suceder en México. Ahora, usando el antecedente de la Ley Patriótica, sustituya la palabra "terrorismo" por "narcotráfico", en el contexto de la reforma constitucional que pretende promulgar Felipe Calderón. No le sorprenderá comprobar que algunos de los argumentos utilizados para "justificar" la Ley Patriótica se apliquen ahora, mutatis mutandis, a las pretendidas reformas mexicanas: la necesidad de proteger a la sociedad contra el flagelo del crimen organizado, la urgencia de preservar la paz social y la importancia de blindar la democracia y mantener la soberanía del Estado.
Nadie cuestiona que estos valores sean dignos de protección, el problema estriba en la forma como los encargados de ejecutar la ley decidan aplicarla, y los criterios para elegir sospechosos. En el caso de Estados Unidos, el gobierno contrató a una empresa para diseñar un programa informático que permite identificar y supervisar correos electrónicos con palabras clave como "oriente", "Al Qaeda", "Islam", "Bush", "Irán", "Irak". Esa empresa podría ser Verint, la misma institución contratada y pagada por Estados Unidos, según Los Angeles Times, para diseñar el programa mexicano. (El sitio de Internet de Verint ostenta como carta de presentación ayudar a gobiernos y empresas particulares a "interpretar" enormes cantidades de datos, voz y video. Tal vez la idea sea compartir nuestros datos con el gobierno estadunidense.)
¿Aceptaría usted que el gobierno interceptara sus correos electrónicos porque en alguno mencionó la palabra "drogas", refiriéndose al uso desordenado de sus tarjetas de crédito? ¿Admitiría ser investigado porque el sistema detectó un correo suyo con la palabra "tráfico", hablando del problema urbano del Distrito Federal, y no del "tráfico de drogas"? ¿Toleraría que el gobierno leyera regularmente sus correos electrónicos porque su apellido coincide con el de algún capo del crimen organizado? Considerando esos riesgos, la Barra Estadunidense de Abogados, en carta abierta al país, calificó muchas de las disposiciones de la Ley Patriótica como ofensivas, violatorias de las garantías individuales, y antidemocráticas. ¿Vamos a permitir que México caiga en el mismo error con la excusa del crimen organizado?