Responde a demandas de la UNT para la derogación
La Ley del ISSSTE no es "reversible": Lozano
En amplio documento de 14 cuartillas y tres anexos, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, respondió a los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que no se dará marcha atrás a la reforma a la Ley del ISSSTE, y afirmó que esta nueva legislación "no es anticonstitucional" ni reversible.
"No es posible sostener que modificar la edad, tiempo de servicios y monto de las cotizaciones es inconstitucional, por el supuesto hecho de que los nuevos preceptos no son tan benéficos para el trabajador como lo eran los de la ley abrogada", aseguró el funcionario, quien envió a los dirigentes de la UNT un compendio de varios "no" a sus exigencias para que se derogue la citada norma.
Planteó que el gobierno federal será respetuoso del derecho de manifestación, siempre y cuando se ejerza de manera pacífica y respetuosa. Invitó a la UNT a seguir negociando y dijo que en la próxima reunión estará presente el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Angel Yunes.
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez anunció que organizaciones que están en contra de la reforma iniciarán un plantón indefinido en la Cámara de Diputados, ya que está visto que es en este recinto donde se están aprobando las leyes que afectan a las mayorías.
Desde la semana pasada el secretario Lozano se reunió con los dirigentes de la UNT para discutir sus demandas para derogar la nueva Ley del ISSSTE. Ayer por la mañana se llevó a cabo la segunda sesión, en la cual los recibió con el documento en el que rebaten todos los argumentos presentados por los opositores a la reforma.
Por ejemplo: al señalamiento de que se modifica y aumenta a 65 años la edad y a 35 los de servicio para que los servidores públicos se puedan pensionar, el funcionario respondió que, en efecto, el régimen pensionario que prevé la nueva legislación modifica dichos periodos, pero sólo para quienes ingresen a trabajar después de la entrada en vigor de esta ley, o bien para los que están en activo y opten por este sistema.
Sin embargo, sostuvo, esto no resulta violatorio de los derechos adquiridos por los trabajadores en activo, "ya que al momento de entrar en vigor la nueva ley todavía no estaba dentro de su patrimonio el derecho a la jubilación, por no haber cumplido con todos los requisitos que se establecían para ello; lo que simplemente tenían era una expectativa de derecho", indica el documento entregado por el secretario del Trabajo.
Explica que, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas tesis jurisprudenciales que la circunstancia de que una nueva ley dé lugar a menos beneficios que un ordenamiento anterior, "no implica que se violen en modo alguno las garantías de irretroactividad de las leyes, de igualdad y de seguridad jurídica".
En lo que respecta al señalamiento sindical de que desaparece la pensión dinámica -que va actualizando el monto de ésta- y que, en cambio, se fija una equivalente a dos salarios mínimos, el análisis del funcionario señala que la ley vigente conserva el criterio del "dinamismo de las pensiones", pero la diferencia con la norma abrogada es que en lugar de considerar diversos indicadores para su actualización establece un criterio único.
Conforme a este "criterio único", en adelante las pensiones se actualizarán en febrero de cada año de acuerdo con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, la pensión por cesantía en edad avanzada, por vejez o por invalidez se adecuarán de acuerdo con la inflación que determine el gobierno, que es prácticamente el aumento que se da a los salarios mínimos, según los sindicatos.
En cuanto a la pensión mínima de dos salarios mínimos, el secretario apuntó que el nuevo ordenamiento es más benéfico para los trabajadores que el anterior, ya que éste no lo fijaba y estaba condicionado a lo que definiera la junta directiva.
Sin embargo, Javier Lozano plantea que el gobierno respetará y acatará los fallos que se pronuncien en torno a la constitucionalidad de las nuevas disposiciones que rigen a los trabajadores al servicio del Estado, y reconoció a la UNT que entre las manifestaciones de rechazo a la reforma las de ésta se han distinguido por el respeto a la legalidad y a las instituciones.