Está abierta una indagatoria contra funcionario por presunta falsificación de póliza

Cerradas, instalaciones del INER por malos manejos de autoridades

Al parecer autorizó un pago anticipado a la constructura pese a la negativa de la SFP

ROSA ELVIRA VARGAS

Inauguradas con gran pompa hace justamente un año, las nuevas instalaciones del área de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se encuentran clausuradas por un problema de asentamiento en el inmueble cuando se iniciaron trabajos para instalar, en el piso superior, las salas de consulta externa.

Al tiempo que el laboratorio de medicina nuclear no ha realizado un solo estudio en todo el año y se mantiene prácticamente cerrado, también están suspendidos los trabajos para las nuevas instalaciones de neumopediatría, área en la cual la compañía responsable, Jeo Construcciones y Proyectos, exigió y estuvo a punto de conseguir que se le pagaran más de 4 millones de pesos con autorización del entonces jefe del Departamento de Mantenimiento, Jesús Mercado Mondragón, quien, según todas las evidencias, falsificó documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El cheque se expidió y lo firmó, entre otros, el director del INER, Fernando Cano Valle, pero no se cobró. Despidieron al ingeniero Mercado; existe una investigación en su contra por parte del Organo Interno de Control (OIC) y hay una denuncia contra la compañía constructora en la Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de la póliza de la fianza.

En rigor, el hilo de las irregularidades en esa edificación se descubrió con la dimisión, el pasado 13 de abril, del encargado de la administración del INER, Ricardo Reséndiz Juárez, quien firmó su renuncia al cargo en una carta a Cano Valle argumentando que le fueron turnados "dos documentos como soporte para el pago de un adelanto respecto de la obra de neumopediatría, los cuales presentan presuntas irregularidades, mismas que en su momento se hicieron de su conocimiento, así como de las autoridades competentes y que el suscrito considera de alto riesgo en el desempeño de las funciones del puesto''.

Trascendió que el director del instituto aceptó tal dimisión a condición de que Reséndiz Juárez modificara los términos de la misma para que no constara que él, Cano Valle, conocía ese problema.

Sin embargo, muy pronto se tendrían otras evidencias de que Mercado Mondragón alteró la respuesta enviada por la SFP al oficio en el que aquel inquiría sobre la posibilidad de pagar anticipos al contratista porque "hubo la necesidad de hacer un convenio modificatorio'' y tal situación ha causado "problemas de liquidez'' a Jeo Construcciones y Proyectos.

Las investigaciones revelarían que mientras el director adjunto de Normatividad de Obras Públicas de la SFP, Marco Antonio Castro Rojas, rechazó, con base en la legislación vigente, la posibilidad de pagar tal anticipo, existe otro documento -firmado por el mismo funcionario- donde autoriza a Mercado Mondragón tal erogación, a cambio de facturas, nóminas y de "una fianza por el porcentaje de anticipo otorgado''.

Esto es, una respuesta radicalmente distinta a la anterior.

Basado en esta supuesta autorización, Mercado Mondragón realizó una junta en el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción y se levantó una minuta donde se autorizaba el pago del 80 por ciento de cada factura por concepto de anticipo a Jeo Construcciones y Proyectos.

Y hacia la obtención del cheque por 4 millones 281 mil 471 pesos se dirigieron todos los involucrados. Existe incluso copia del recibo firmado por aquel y por el representante de la constructora, Oscar Navarro Esparza, consignando tal cantidad, mismo que constituía el paso previo "para la liberación del pago''.

Sin embargo, y luego de comprobarse que la constructora falsificó la póliza a la Afianzadora Insurgentes, la apoderada legal del INER, Guadalupe Gómez Navarro, presentó querella ante la PGR y, al mismo tiempo, el OIC del instituto inició una investigación contra Mercado Mondragón que terminó con su salida -no se sabe si por despido o por renuncia- la semana pasada.

La consecuencia inmediata fue la suspensión, desde marzo, de los trabajos del área de neumopediatría.

Uno de los efectos legales que esta acción podría traer al ingeniero Mercado Mondragón sería su inhabilitación por parte del OIC, dependiente -como todos los que operan en las dependencias del gobierno- de la Función Pública.

Antecedentes de los funcionarios sancionados

De ocurrir, no sería la primera en la trayectoria laboral de este funcionario. Ya en el INER recibió en 2005 un par de amonestaciones públicas por violación a procedimientos de contratación.

Asimismo, en 2002 había recibido una sanción similar por "negligencia administrativa'' cuando laboraba en el ISSSTE.

El historial de sanciones del personal de confianza que ha acompañado la gestión de Cano Valle al frente del INER es largo. Porque a su lado y acompañándolo desde los tiempos en que él era director de la Facultad de Medicina de la UNAM, estuvo Eduardo Muñoz González, quien hasta 2006 fue director de Administración del INER y hoy se encuentra suspendido por un año para laborar en el gobierno federal. Se le detectó violación de leyes y normatividad presupuestal.

El plazo de su castigo se cumplirá en agosto próximo; mientras tanto, Muñoz González labora como director de Administración en el hospital de alta especialidad Belisario Domínguez del Gobierno del Distrito Federal.

Además, el subdirector de Administración y Desarrollo de Personal, José Antonio Melo Manzanilla, aparece en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados con penas que van desde la amonestación privada por el OIC de la Secretaría de Salud en 1995, hasta la suspensión, en 2003, y un año después destitución definitiva en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, siempre por "negligencia administrativa''.

En el mismo registro aparece también el subdirector de recursos materiales del INER, Mario Alberto Ortiz Esquivel, quien en 2003 recibió dos suspensiones por seis y 12 días por violación de leyes y normatividad presupuestal y al siguiente año se hizo merecedor a una amonestación pública por negligencia administrativa.