Editorial
Reforma fiscal sin justicia social
Con referencia a la reforma fiscal que presentará el próximo martes 20 de junio ante el Congreso de la Unión, el presidente Felipe Calderón llamó ayer a la ciudadanía a realizar "un esfuerzo enorme" para aportar más recursos a las arcas públicas por pago de impuestos, dinero que sería empleado para financiar programas educativos y sociales. Sin embargo, este exhorto constituye un agravio a la mayoría de los contribuyentes, sobre todo si se tiene en cuenta que las grandes corporaciones nacionales y extranjeras suelen evadir sus obligaciones fiscales, ocasionando pérdidas que se elevan a decenas de miles de millones de pesos anuales.
Para justificar su llamado, el mandatario se escudó en algunos datos sobre el rezago del país en materia educativa: dijo que 42 por ciento de los jóvenes en edad de cursar la preparatoria no acuden a la escuela y que únicamente 23 por ciento asiste a la universidad. Reconoció que hay más demanda de espacios educativos, por lo que los lugares disponibles son cada vez más insuficientes, y que buena parte de la juventud sólo puede aspirar a trabajos poco dignos y mal remunerados, lo que la condena a vivir en la pobreza y la marginación.
Esta intención del Presidente de que la ciudadanía se encargue de mejorar la recaudación fiscal es un atentado contra la economía de millones de mexicanos que apenas arañan el nivel de las clases medias: cualquier reforma fiscal debe tener como eje central la justicia social, condición que no se cumple con el exhorto del mandatario. En México los impuestos sobre la renta que paga la clase media son superiores a los que pagan los estadunidenses con un nivel de ingresos similar al de sus contrapartes aquí, por lo que pedirles que entreguen más dinero por este concepto es un abuso innegable.
Aunado a esto, en México existe una grave desigualdad en la recaudación fiscal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son estrictos y duros con los pequeños contribuyentes a la hora de exigirles el pago de impuestos y sancionar sus omisiones fiscales: tal y como denunció Andrés Manuel López Obrador, los contribuyentes cautivos pagan entre 15 y 28 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR) mientras Telmex paga por este concepto 6 por ciento; Pemex y Coca-Cola, 2 por ciento; y Bimbo y Maseca, 1.5 por ciento. En contraste, tanto el SAT como la SHCP suelen cerrar los ojos ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales de las grandes empresas, lo que revela un nefasto contubernio entre el gobierno federal y poderosos intereses privados. Así, compañías como Bimbo, Kimberly Clark, Wal-Mart, Televisa, Telmex, Grupo México y Cemex, entre otras, adeudan al fisco alrededor de 105 mil millones de pesos sin que ninguna autoridad haya hecho algo al respecto. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha señalado la necesidad de que el sistema tributario mexicano ponga fin a estos privilegios fiscales que benefician a unos cuantos.
En este contexto, cobra especial relevancia la afirmación de López Obrador de que Calderón pretende mantener dichos privilegios, lo que obligará a los legisladores a estar atentos para impedir una imposición de esta naturaleza: el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, puso el dedo en la llaga cuando alertó sobre una posible maniobra política -como la que permitió aprobar la reforma a la Ley del ISSSTE casi sin discusión-, aunque el Partido Acción Nacional garantizó una adecuada discusión del tema hacendario.
Por último, hay que mencionar que el progreso educativo y un mayor acceso a empleos dignos requieren una labor más intensa y profunda que va más allá de inyectarle dinero a estos sectores y que consiste principalmente en contar con un plan de gobierno integral que atienda las necesidades de todos los segmentos de la sociedad e incluya al conjunto de los actores involucrados en vez de castigar los bolsillos de la clase media.