Usted está aquí: lunes 18 de junio de 2007 Opinión Soberanes y el derecho a la salud en Tierra Blanca

Iván Restrepo

Soberanes y el derecho a la salud en Tierra Blanca

Si José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuviera realmente preocupado por la observancia de estos derechos y no, como se rumora, buscando acomodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el corazón de los desplegados religosos que lo defienden, atendería el grave problema de salud que padecen cientos de habitantes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, en el cual desde hace unos 15 años han aumentados las enfermedades renales, en particular la insuficiencia renal crónica (IRC). El Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez calcula que en la zona hay "una prevalencia de IRC de 150 casos por 100 mil habitantes, lo que es aproximadamente 10 veces lo esperado". En contrario, las autoridades estatales de Salud sostuvieron hasta principios de 2006 que las tasas de morbilidad y mortalidad por insuficiencia renal "no representan un mayor problema en comparación con lo que ocurre en el resto del estado y el país" y "están asociadas con diabetes mellitus o con hipertensión arterial".

Tierra Blanca se localiza en la llanura costera de Veracruz y forma parte de la cuenca del río Papaloapan. Otro río, el Blanco, muy contaminado como el primero, rodea parte del municipio y con sus aguas se riegan cerca de 7 mil hectáreas. La agricultura es la principal actividad económica. En tanto, la migración por falta de empleo hizo que el municipio tenga hoy unos 87 mil habitantes, 3 mil menos que hace 10 años. Son severas las carencias de agua potable y drenaje. El abastecimiento se tiene de pozos profundos. La mayoría de la población es pobre y no tiene atención médica adecuada.

Con el fin de conocer los posibles orígenes de los problemas renales y sus efectos en la población, el Comité Pro Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan, AC, encargó un estudio especial a Consultores Ambientales Asociados, que preside la toxicóloga Lilia Albert, de reconocido prestigio nacional e internacional. También se contó con el apoyo de Greenpeace.

Según frutos del estudio realizado, varias causas podrían explicar la incidencia creciente de IRC en Tierra Blanca. Desde la exposición de los habitantes a metales pesados, como plomo y cadmio, hasta plaguicidas que podrían estar presentes en el agua y en los recipientes que los contenían. Gracias a ese estudio y a la insistencia de la población organizada, finalmente en febrero de 2006 las autoridades estatales de Salud reconocieron, por primera vez, que en Tierra Blanca existe un problema de IRC y anunciaron un estudio para validar las hipótesis sobre su origen. Además, en noviembre pasado, prometieron que los residentes afectados por ese mal recibirían tratamiento médico en el hospital de Río Blanco, situado a más de 120 kilómetros de distancia. Otros servicios se brindarían localmente, pero todo quedó en promesa.

A finales de marzo de 2007 las autoridades de Salud anunciaron que al analizar el agua local no encontraron metales pesados, descartando así la contaminación del líquido por esas sustancias como posible causa del problema. Retomaron en cambio la hipótesis previa de que el origen del IRC en ese municipio son la diabetes o la hipertensión arterial, complicadas por la falta de una cultura de autocuidado de la salud y el incumplimiento de dietas y tratamientos médicos. Pero el bajo número de defunciones en las que la diabetes mellitus aparece como causa y el escaso número de enfermos renales que padecen diabetes ponen en duda la hipótesis oficial.

El estudio independiente que patrocinó la población afirma en cambio que no se puede atribuir el problema a una sola causa, y por ello apremia a investigar más, a fondo y con la seriedad debida, lo cual no han hecho en los pasados 10 años las autoridades sanitarias, que tampoco han dado la asistencia que requieren los enfermos. El Seguro Popular foxista y otras promesas de atención médica muestran aquí su ineficiencia y limitaciones.

Conviene entonces que estudios integrales y a cargo de personas capacitadas permitan conocer el origen de lo que sucede en Tierra Blanca. De otra manera, las instancias oficiales seguirán negando derechos constitucionales a una población que no sanará con promesas.

 
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