Niegan sobreseimiento a Gómez Urrutia: defensores de afectados
Jueces penales del Distrito Federal negaron el perdón a Napoleón Gómez Urrutia y a dos de sus colaboradores, Héctor Félix Estrella y Juan Linares Montúfar, acusados de malversar 55 millones de dólares a que tienen derecho casi 10 mil trabajadores mineros, informaron representantes legales de los afectados.
Los juzgados 18 y 32 rechazaron la solicitud de sobreseimiento que formuló Guadalupe Salinas Castro en representación del sindicato minero, en favor de Gómez Urrutia; del tesorero, Félix Estrella, así como de Linares Montúfar y del chofer del líder, Gregorio Pérez Romo.
El representante legal de los trabajadores y ex mineros reclamantes del fideicomiso, Agustín Acosta Azcón, señaló en un comunicado que las órdenes de aprehensión contra el líder y sus colaboradores continúan vigentes, así como el proceso penal contra Gregorio Pérez Romo, preso en un reclusorio del Distrito Federal.
Refirió que Salinas Castro argumentó que al no existir daño patrimonial ni querella, y de gozar la organización sindical de autonomía y libertad en el manejo de sus recursos, concedió perdón a los indiciados, por lo cual solicitó a los jueces el sobreseimiento de las causas.
Acosta Azcón dijo que los juzgados determinaron aplicar la ley a los indiciados por el delito de administración fraudulenta, al no estar legitimada la promovente por los denunciantes para solicitar la extinción de las causas.
Explicó que los jueces fundamentaron que el producto del fideicomiso número F-9645-2 no es propiedad del sindicato, sino de los trabajadores que sufrieron detrimento en su patrimonio por ser beneficiarios de los recursos del fideicomiso.
Ninguna autoridad judicial ha exonerado de fraude a Napoleón Gómez Urrutia, ya que el amparo 497/2006 concedido por el juez 3 de Distrito de Hermosillo, Sonora, sólo brindó protección a Felipe Alberto López López y Alejandro de Anda Arriaga, ejecutivos de Scotiabank, también demandados por los mineros, insistió.
Luego de señalar que las autoridades mexicanas tienen la obligación de solicitar al gobierno de Canadá la extradición del dirigente minero, desmintió su inminente regreso al país, pues se mantiene en calidad de prófugo de la justicia.