Cuba y Bielorrusia, fuera de pesquisas de Naciones Unidas
Ginebra, 18 de junio. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) suspendió el mandato de los ponentes especiales para Cuba y Bielorrusia, por lo que el respeto a las garantías individuales en la isla ya no estará sujeto a investigación por ese organismo.
La verificación del respeto a dichas garantías en Cuba se canceló en apego a la nueva normatividad que regirá al Consejo de Derechos Humanos, que fue aprobada esta medianoche, tras una jornada de tensas negociaciones entre los países europeos y China en torno de la cantidad de votos necesarios para adoptar resoluciones sobre casos particulares.
Las nuevas reglas del consejo establecen que "los titulares actuales de mandatos pueden continuar sus misiones si éstos no han pasado el límite de seis años". Debido a que el concerniente a Cuba y Bielorrusia eran más antiguos fueron suspendidos.
El Consejo de Derechos Humanos sí podrá verificar, en cambio, lo que ocurre en la materia en varias naciones africanas, como Somalia, donde continúan los enfrentamientos entre las fuerzas etíopes que están en el país y las milicias integristas islámicas, a las que expulsaron del poder. Se mantiene también el mandato sobre Sudán, donde las garantías fundamentales están fuertemente amenazadas por los enfrentamientos entre milicias progubernamentales y la guerrilla separatista de Darfur, y sobre Myanmar, gobernada con mano de hierro desde hace 27 años por una hermética junta militar.
La renovación de las normas de operación del organismo de la ONU fue objeto de un duro enfrentamiento entre China y la Unión Europea. Mientras los representantes del Viejo Continente pedían un número muy reducido de votos para emprender investigaciones sobre países específicos, alegando que, por la composición del consejo, de otra forma sería prácticamente imposible emprender esas misiones, China exigía que se requiriera el sufragio de al menos dos terceras partes de los integrantes del consejo.
La solución se logró un minuto antes de que fuera necesario retirar el reglamento propuesto por el presidente del organismo, el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba. El consenso fue posible gracias a que China accedió a que, contrario a lo que demandaba, las nuevas reglas establezcan que "los promotores de una resolución sobre un país asuman la responsabilidad de asegurarse el apoyo" de al menos 15 de los 47 miembros del consejo.