Usted está aquí: martes 19 de junio de 2007 Política Ordena Marín a sus funcionarios guardar silencio

Ordena Marín a sus funcionarios guardar silencio

LA JORNADA DE ORIENTE

Puebla, Pue., 18 de junio. El gobernador Mario Marín Torres ordenó a todos los funcionarios de su administración que se abstengan de emitir declaraciones sobre las indagatorias que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su participación en las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

A las 10:24 de la mañana, el portal electrónico de la dirección de comunicación social anunció: ''El gobierno del estado de Puebla fijará una postura oficial hasta que el pleno de la Suprema Corte emita el fallo definitivo sobre la investigación que sigue sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales de la señora Lydia Cacho. Por el momento, ningún funcionario de la administración estatal realizará comentarios respecto de versiones periodísticas o sobre el curso de la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación''.

La esposa de Mario Marín, Margarita García, sí hizo declaraciones sobre el caso. En su calidad de presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, dijo que su familia está preparada ''para lo que venga'', y que su marido saldrá bien librado de los resultados de las investigaciones.

García dijo a reporteros que la entrevistaron después de un desayuno que ofreció con motivo del Día de la Libertad de Expresión: ''Tengo mucha fe, antes que nada en Dios y en las autoridades competentes. Estamos tranquilos, muy confiados y esperamos que todo va a salir muy bien''. La cónyuge del gobernador agregó que en todas las regiones de la entidad ha recibido muestras de solidaridad en torno a las acusaciones contra Marín Torres.

Este lunes trascendió que la juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez González, quien dictó auto de formal prisión a Cacho Ribeiro, habría solicitado licencia para ausentarse dos días del cargo. Hace dos semanas la juzgadora repartió entre funcionarios del Poder Judicial estatal un documento en el que argumentó que no violó los derechos de la periodista.

 
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