Infonavit busca despojar a 110 mil familias en mora
Perverso, el esquema financiero hipotecario, acusa Itzel Castillo
El "gobierno legítimo" entregó ayer a los legisladores del Frente Amplio Progresista en las cámaras de Diputados y Senadores un paquete de propuestas legislativas en materia de vivienda y denunció que el propio Infonavit promueve el despojo de 110 mil viviendas a familias que están en situación de cartera vencida.
Al presentar la propuesta a los legisladores, la secretaria de Asuntos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo, aseguró que el instituto desvió su objetivo y utiliza despachos privados que obligan a los trabajadores a firmar contratos ilegales para permitir el remate de sus viviendas en 20 mil pesos para revenderlas después en 750 mil.
Afirmó que el Infonavit aprobó en febrero del año pasado la venta de la cartera vencida a empresas trasnacionales como Capmark de México, y la operación incluye supuestos abogados que se ostentan como representantes jurídicos del Infonavit, que para obtener el cobro de un porcentaje por vivienda "recuperada" hostigan a las familias de los trabajadores.
Cuestionó que los archivos con la información de la venta de dicha cartera están considerados de carácter reservado y que el director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, "pretende eliminarlos en 2008, con objeto de desaparecer las evidencias del gran negocio que está detrás de ello".
Laura Itzel Castillo sostuvo que el rezago habitacional estimado en México es de 5.3 millones de viviendas, mientras que por las necesidades derivadas del incremento demográfico se proyecta que se requerirán 6.7 millones más, lo que hace un total de 12 millones, y explicó que, no obstante la propaganda, en el sexenio de Vicente Fox la inversión pública federal directa en este sector fue menor, en término reales, a 20 pesos por habitante al año, es decir, muy por debajo de lo recomendado por la ONU, que considera que debe destinarse cuando menos seis por ciento del PIB.
Explicó que el Fondo Nacional de Habitaciones Populares cuenta con un presupuesto de apenas 2 mil millones de pesos para otorgar cien mil subsidios, que además no se entregan de manera directa, sino se otorgan a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), y alcanzan apenas para el pago del enganche.
Denunció que el gobierno federal ha diseñado un esquema financiero perverso, que consiste en la entrega de créditos impagables a los mexicanos más pobres, con la intención de arrebatarles después su vivienda. Porque, detalló, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) impuso en sus reglas de operación que los créditos para familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos se fijaran en unidades de inversión (udi), a las se aplica la tasa de inflación que fija quincenalmente el Banco de México.
En ese sentido la propuesta del gobierno legítimo incluye reformas a la ley del Infonavit, para asegurar créditos baratos y suficientes para la compra de viviendas adecuadas, impulsar la producción social de vivienda, definir con claridad los conceptos y los montos de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, reformar el marco legal de la Sociedad Hipotecara Federal y de las Sofoles y modificar las reglas de operación de la Conavi.