Se impone la propuesta de crear una comisión especial
Investigará la Corte los abusos en Oaxaca
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer, por mayoría de ocho votos contra tres, la creación de una comisión que investigue la presunta violación grave de garantías individuales en el estado de Oaxaca, de mayo de 2006 al 31 de enero de este año.
Antes, los ministros desecharon una argumentación de última hora del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, quien pretendía con esta medida evitar la indagatoria del máximo tribunal. El mandatario aseguraba en su escrito haber acatado la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el asunto, por lo que sería innecesaria la creación de la comisión investigadora de la Corte.
El pleno de la SCJN resolvió que será este jueves cuando concluya el análisis del tema, con el establecimiento de la temporalidad de la investigación, área geográfica que abarcará y los puntos concretos que comprenderá la indagatoria. Sin embargo, quedará pendiente la designación de los comisionados, hasta en tanto los ministros aprueben un reglamento general que rija la actividad de las comisiones que designe la Corte, para este caso y en el futuro, cuando ésta ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional.
En la sesión de ayer llamó la atención que ministros como Mariano Azuela Güitrón -quien cambió el sentido de su voto expresado el lunes y se pronunció en favor de la investigación, después de las intervenciones del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y de Sergio Valls- pusieran énfasis en que los informes que elaboren los comisionados "no deben tener ninguna mención que vaya en contra de estos tres principios: objetividad, imparcialidad e independencia".
Declaración, por cierto, que tiene lugar después de que la Corte ha aprobado en años pasados comisiones similares para los casos de Aguas Blancas, de la periodista Lydia Cacho y sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco.
Ambos ministros comentaron también -a unos días de que el máximo tribunal conozca el proyecto de dictamen en el que se señala al gobernador de Puebla, Mario Marín, como responsable de la violación grave de las garantías individuales de Lydia Cacho- que la SCJN "no debe ser, en ningún momento y de ninguna manera, instrumento de intereses políticos", como tampoco debe lesionar las garantías individuales de los que formen parte de la indagatoria.
Azuela, por su parte, había comentado que apoyaría la creación de la comisión en caso de que el proyecto elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza no "prejuzgara" sobre los hechos, y que se precisara que la Corte estaba ante la "presunción" de que habían ocurrido violaciones a las garantías individuales.
Previamente, Genaro Góngora Pimentel atajó la propuesta que había hecho el lunes pasado Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien había señalado que apoyaría la investigación, pero sólo si ésta se limitaba a tomar en cuenta el comentario del ministro presidente de que se investigara la "omisión" en el uso de la fuerza pública por la autoridad.
La investigación, subrayó el ministro, "debe abarcar tanto los excesos en la actuación de las autoridades, como propone el proyecto original, como la omisión de éstas, de intervenir, que puso en peligro la seguridad de la población.
"No lo podemos reducir a una omisión del Estado de brindar seguridad a sus habitantes, sino que debemos tomar como presupuesto el posible descuido en la salvaguarda de otros derechos, como el de libertad de reunión, libertad personal, libertad de expresión y de información; la propiedad y posesión por ataques a la propiedad privada, la legalidad y la justicia jurídica, así como el derecho a la vida, entre otros derechos que presumiblemente fueron vulnerados", porque de otra manera, subrayó, la investigación "estaría viciada de origen y prejuzgaría sobre la actuación de las autoridades, convalidando en cierta medida posibles violaciones a las garantías a los derechos fundamentales".
Ultimo intento del gobernador
Por otra parte, el último intento del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz para evitar la formación de la comisión, fue con la entrega -por la mañana- de un oficio, fechado el pasado 9 de junio, en el que da cuenta de que aceptaba "en sus términos" la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 23 de mayo pasado sobre el caso de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Ruiz pretendía con el escrito que el pleno aplicara la tesis XXV/95, la cual señala que "no ha lugar a la investigación de una posible grave violación de garantías individuales" cuando un organismo se haya abocado a su investigación y se atiendan sus recomendaciones.
Sin embargo, los ministros consideraron que el oficio del gobernador de Oaxaca daba cuenta de que cumpliría la recomendación, mas no que lo hubiera hecho, y que en todo caso la comisión determinaría si hubo o no cumplimiento.
Finalmente, votaron en favor de la investigación Silva Meza, Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Azuela, Olga Sánchez Cordero y el ministro presidente Ortiz Mayagoitia. En contra: Sergio Valls, José de Jesús Gudiño Pelayo y Aguirre Anguiano.
Al término de la sesión, la diputada perredista Aleida Alavez declaró que es adecuado que la Corte analice de forma escrupulosa el asunto, para que cuando se dé a conocer la conclusión "nadie se desentienda o diga que pudieron extralimitarse las funciones de la Suprema Corte".
La legisladora, quien fue la que presentó ante la Cámara de Diputados el punto de acuerdo para que el Congreso le pidiera a la SCJN que investigará lo ocurrido en Oaxaca, añadió que el documento del gobernador oaxaqueño fue presentado a destiempo y que falta a la verdad sobre lo que ocurre en esa entidad, porque se siguen dando detenciones arbitrarias, se le siembra droga a los actores sociales y se les detiene para que no alcancen fianza; "no sé por qué dice que va a acatar la recomendación de la CNDH, cuando se sigue en la lógica de las violaciones a las garantías individuales".