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Los sentencian a prisión perpetua por el asesinato de una dirigente peronista y su hija

Confirma corte italiana condena a 6 represores de la dictadura argentina

STELLA CALLONI

Buenos Aires, 20 de junio. La decisión de la Corte de Apelaciones de Roma, Italia, confirmando la sentencia a prisión perpetua contra seis ex militares argentinos acusados de la desaparición de tres ciudadanos de ese país durante la pasada dictadura militar (1976-1983), sumó una nueva condena para figuras emblemáticas de la represión: los marinos Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Eduardo Acosta, Raúl Vildoza, Antonio Vañek y el prefecto naval, Héctor Antonio Febres.

El pasado 14 de marzo todo ellos fueron condenados en ausencia en Roma, ante un cúmulo de pruebas y testimonios ofrecidos por familiares de las víctimas y sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) donde los mencionados cometieron crímenes de lesa humanidad.

La Corte italiana los condenó por el homicidio premeditado de Angela María Aieta, madre de Dante Gullo, quien fue dirigente de la Juventud Peronista, y de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana. La Corte declaró "ampliamente probada la responsabilidad" y esto fue celebrado por Madres y familiares de las víctimas aquí.

Ayer fue detenido en la norteña provincia de Salta el ex policía Joaquín Guil, uno de los responsables de una matanza de detenidos políticos en la localidad de las Palomitas, el 6 de julio de 1976.

"Por un lado, o por otro, la justicia llega, pero ellos deben estar en cárceles comunes y pagar ya sus crímenes", dijeron las Madresde Plaza de Mayo al recibir la noticia, a días de que comience en La Plata el juicio oral contra el sacerdote Christian Von Werniche, acusado de participar en siete asesinatos y 41 casos de secuestros y torturas.

El capellán de la Policía Bonaerense y confesor del general Ramón Camps, jefe de esa institución, ha reconocido públicamente y con sorna los crímenes cometidos bajo su jurisdicción. Von Wernich no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que interactuó con las víctimas para que confesaran y delataran a sus compañeros. También presenció y fue parte de un plan siniestro que consistió en engañar a los desesperados familiares de las víctimas prometiendo que saldrían del país a cambio del pago de un rescate.

Muchos familiares lo vendieron todo para salvar a los suyos pero Camps, Von Wernich y otros tomaron el dinero y luego asesinaron a sus víctimas, lo que fue confesado por el policía Julio Emed, quien relató cómo en presencia del sacerdote, el médico policial Jorge Bergés, responsable de decenas de crímenes y secuestros de niños nacidos en cautiverio, aplicó a tres de esos prisioneros que supuestamente iban a ser liberados, inyecciones letales en el corazón.

Los familiares esperan que al fin se haga justicia con este sacerdote, cuyo juicio próximo agitó las aguas en la cúpula de la Iglesia católica, que insiste en el "perdón" y el olvido, lo que enfrentó por estos días a monseñor Jorge Bergoglio con el gobierno del presidente Néstor Kirchner.

Von Wernich también trabajó con el ex comisario, Miguel Etchecolatz, condenado por sus crímenes en esa zona.

Precisamente por la trascendencia del juicio oral contra el sacerdote, el Espacio Memoria, Verdad (EMV) y Justicia pidió protección para los testigos que deban actuar junto a la acusación en este caso, al cumplirse el pasado 18 de junio nueve meses de la desaparición de Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para condenar a Etchecolatz.

La organizaciones de derechos humanos, gremiales y sociales que integran el EMV exigieron ayer al gobierno la aparición con vida de López "y el castigo de los responsables políticos y materiales de su secuestro".

También estimaron que existe "ocultamiento de información, frustración de pruebas y abandono de líneas de investigación. Ninguno de los funcionarios responsables de estas irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial", lo que se traduce en amenazas y ataques a testigos, querellantes, abogados jueces y sus familias.

Pidieron, asimismo, que se aclare el secuestro -y luego aparición en lamentables condiciones- del trabajador Luis Gerez en Escobar, provincia de Buenos Aires, y se denunció que en los últimos días fue secuestrado el hijo de ocho años de dos militantes populares y de Felisa Marilaff, ex detenida-desaparecida, y actual testigo, quien estaba bajo la a protección del Estado.

Entre estos acontecimientos los familiares festejaban hoy que la Unesco incorporó al registro de Memoria del Mundo unos 29 archivos de la pasada dictadura, lo que significa el reconocimiento de la importancia que tienen los mismos y asegura su preservación.

 
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