Usted está aquí: viernes 22 de junio de 2007 Política Oro y agua

Víctor M. Quintana S.

Oro y agua

Dos fiebres sacuden a Chihuahua: la del oro y la del agua. Una en la sierra, otra en el desierto. Los nuevos proyectos mineros y la apertura al cultivo de decenas de miles de hectáreas en las planicies hacen que esta entidad norteña se asemeje a un territorio de frontera, a un far west del siglo XXI.

El alto precio internacional de los metales y las nuevas tecnologías de extracción a cielo abierto han generado una invasión de compañías mineras extranjeras, sobre todo canadienses. Sesenta proyectos mineros se preparan en la sierra Tarahumara. Los dos en explotación, El Sauzal, en Urique, y Gammon Lake, en Ocampo, han colocado ya a Chihuahua como el primer productor de oro de la nación. Ya no hay túneles, ahora se mueven cerros completos en unos cuantos días y se muelen miles de toneladas de piedra que se tratan mediante el proceso de lixiviación, con uso intensivo de cianuro de sodio.

En la terra incognita de los desiertos del oriente y del norte del estado, recorridos hasta hace poco sólo por apaches y vaqueros, los colonos menonitas transforman también paisajes, ecosistemas y vidas de especies animales y vegetales. Desmontan miles de hectáreas, arrasan mezquites y pastizales y perforan decenas de pozos profundos en las zonas que las leyes denominan de libre alumbramiento.

Podría decirse que este es un escenario de bonanza. Pero a la expansión arrasadora del capital la acompaña una gran dosis de destrucción.

Las compañías mineras en la sierra deforestan todo el espacio de donde extraen el metal. En Ocampo se autorizó talar hasta 350 hectáreas, pero los ejidatarios señalan que ya se han devastado casi 800 y los pinos yacen derribados pudriéndose sin aprovechamiento alguno. Se obstruyen corrientes de agua y se arrojan enormes cantidades de desechos donde nacen los ríos que irrigan los valles agrícolas de Sonora y Sinaloa. También impactan el medio social: un pueblo que tenía sólo 500 habitantes luego se ve invadido por miles de fuereños. La escasa infraestructura urbana es insuficiente; corren la cerveza y el alcohol, los pleitos y los delitos rebasan a las precarias fuerzas del orden.

Se defienden las compañías y el gobierno diciendo que se realizaron los estudios de impacto ambiental. Que se pagaron las indemnizaciones por tala a los dueños del bosque. Que los desechos tóxicos están totalmente controlados. Que se generan nuevos empleos en las zonas más pobres. Pero les responden que los puestos de trabajo son sobre todo para gente de fuera; que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) recibió de la empresa una cantidad para reforestar que no aplica todavía; que les impiden el acceso a sus tierras, que se les intoxican sus animales. En Ocampo los ejidatarios inconformes ya se han movilizado y tomado pacíficamente las instalaciones de las minas, pero la empresa ha sido defendida por los tres niveles de gobierno.

En el desierto, el desmonte y la apertura al cultivo de grandes extensiones provocan irreparables daños a los frágiles ecosistemas. Los acuíferos, hasta hace poco intactos, amenazan con agotarse en unos cuantos años. De los 61 que hay en el estado, 21 están ya bajo veda, y por lo menos tres con daño irreversible. El cambio de uso de suelo de ganadero a agrícola impacta fuertemente el ambiente. Están amenazadas de extinción especies como el halcón aplomado y el berrendo. La agricultura que se practica por acá se parece mucho a la minería, pero en lugar de sacar oro extrae agua. Y, como las compañías mineras, en cuanto las entrañas de la tierra se agoten los colonos menonitas buscarán mejores tierras en otros estados, en otros países, dejando aquí la pura polvareda.

Se calcula que la Gammon Lake obtendrá una utilidad de 3 mil millones de dólares en Ocampo. Pero hasta la fecha no ha habido un compromiso efectivo de la misma para revertir los impactos ambientales y para apoyar el desarrollo económico social sustentable de la zona de cuya riqueza se apropia. Las dependencias federales como Profepa y Semarnat, y estatales, como la Secretaría de Desarrollo Económico, se han deslumbrado por la bonanza y no han hecho cumplir las leyes con presteza y con eficacia.

En el desierto, los enormes vacíos jurídicos en la legislación sobre aguas siguen permitiendo que, en un contexto de escasez y luchas por el líquido, se sigan perforando pozos sin necesidad de autorización previa en las zonas de libre alumbramiento, y propician que, con toda facilidad, se permitan los cambios de uso de suelo.

Empleos, actividad económica, pero no a cualquier precio. La vida de los pueblos serranos y del desierto chihuahuense merece la protección efectiva de las leyes, y si éstas no bastan, habrá que hacer otras más adecuadas.

 
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