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Miguel Concha

Ingreso ciudadano universal

La semana pasada se llevó a cabo en el Distrito Federal, bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un importante seminario internacional, con la participación de expertos como el senador brasileño Eduardo Suplicy, María Julia Bertomeu, Daniel Raventós, David Cassasas, Enrique del Val, Julio Boltvinik y otros, para discutir una de las más significativas propuestas en torno de un orden social distinto al neoliberalismo, desde la perspectiva de los derechos humanos emergentes: el ingreso ciudadano universal, mejor conocido en Europa como renta básica de ciudadanía o ingreso básico.

Es una idea sencilla y poderosa: reconocer el derecho a la existencia y a una vida digna como un derecho humano universal, no condicionado, individual y exigible. Se trata sin lugar a dudas de una propuesta audaz, aunque realizable, si los gobiernos la entienden y los congresos de los países la apoyan. En varios de ellos ya hay comisiones establecidas por los congresos para estudiarla, y ponerla en práctica algún día. En algunos lugares como Alaska ya está funcionando. Su materialización sería por medio de una transferencia monetaria garantizada por el Estado a todos los habitantes del país, para satisfacer sus necesidades básicas, ampliar su libertad de decisión y aumentar su autonomía.

Se trata, ni más ni menos, de garantizarle a todas las personas el contar, independientemente de su forma de inserción o no en el mercado laboral, la capacidad de existir y tener una vida digna. La propuesta del ingreso ciudadano universal tiene implicaciones sociales, políticas, filosóficas, materiales y morales de gran trascendencia. Significa reconocer a la existencia y a la vida humana digna como derechos; significa igualmente el reconocimiento del valor social de todos los tipos de trabajo no remunerados o sin fines de lucro, y reconstruir la responsabilidad y solidaridad colectiva de todos los miembros de la sociedad, para que a nadie, por el simple y trascendente hecho de ser persona, le falte lo indispensable. Representa la posibilidad de crear condiciones materiales para una vida más autónoma para las mujeres, las y los jóvenes, las personas adultas mayores y todas aquellas que se encuentran en situación de discriminación. No en balde el doctor Luis Villoro habla desde hace muchos años en nuestro país de las libertades de realización, además de las negativas y positivas que ya permiten o consagran las leyes, relacionadas con la igualdad social.

Detrás del concepto de ingreso ciudadano universal se encuentra también el propósito de avanzar en la desmercantilización de la existencia. Esto es, asumir el compromiso moral y ético de que la sobreviviencia esté por encima del mercado, y no deba ser regida por las leyes de la ganancia y el lucro. Asimismo, recupera fundamentos éticos profundos, que se pueden rastrear desde los filósofos griegos, en el nacimiento del cristianismo y en los valores de muchas religiones. Representa también la posibilidad de dar cauce a una sociedad en la que se complementen la igualdad con la libertad, y la creación de comunidad se armonice con el despliegue de la autonomía individual.

En México, donde están tan a la vista la magnitud de la riqueza y el incremento de la desigualdad; donde es falso que falten recursos, sino que están pésimamente distribuidos; donde nuestro principal problema no es sólo el crecimiento de la extrema pobreza, sino también de la extrema riqueza; donde desde el punto de vista ético, económico y político es inaceptable que, según distintas mediciones, entre 50 y 70 millones de compatriotas estén en situación de pobreza, y en donde 20 años de políticas sociales neoliberales -llámeseles como se les llame, Solidaridad, Progresa u Oportunidades- han demostrado su fracaso para combatir la pobreza y aminorar la desigualdad, es evidente que se requiere un cambio profundo en política social. Este viraje de fondo pasa por la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, pero también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y por la construcción de nuevas políticas sociales, desde la perspectiva de los derechos humanos y, por lo mismo, con objetivos redistributivos explícitos, no simplemente compensatorios o asistenciales.

En este contexto, la propuesta del ingreso ciudadano universal viene a enriquecer el campo de los nuevos derechos sociales y a convertirse en una perspectiva programática innovadora y con un gran potencial de aceptación y movilización social, porque su instrumentación significaría la erradicación efectiva de la pobreza, el aminoramiento sustantivo de la desigualdad y la ampliación de la libertad de todos, contribuyendo así a una nueva cohesión social, basada en la solidaridad y la reciprocidad. En nuestro país se han comenzado a sentar las bases de una sección mexicana de este movimiento internacional. Para obtener más información se ha creado una dirección de correo electrónico, ingresociudadano@gmail.com, e igualmente se puede consultar la página de la Red Renta Básica de España, www.redrentabasica.org, sección de la BIEN (Basic Income Earth Network).

 
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