Usted está aquí: miércoles 27 de junio de 2007 Mundo Gaza

Marta Tawil

Gaza

El 8 de febrero pasado, Fatah y Hamas, organizaciones rivales palestinas, acordaron en la ciudad saudita de la Meca un gobierno de unión que logró alejar el espectro de la guerra civil y puso fin al bloqueo del Ejecutivo palestino desde que Hamas (islamitas) venció en las elecciones legislativas de enero 2006. Sin embargo, el 7 de junio se rompió el quinto cese del fuego, y desde entonces el mundo observa a Gaza sumida en una serie de sangrientos enfrentamientos entre ambas formaciones, de ajusticiamientos en hospitales, de disparos contra manifestantes que piden la paz. Setenta muertos en menos de una semana. El 14 de junio Hamas proclamó el control sobre toda Gaza, los cuarteles generales de los servicios de seguridad, el palacio presidencial. El presidente palestino Mahmoud Abbas (Abu Mazen) declaró el estado de urgencia y destituyó el gobierno, decisión que los islamitas rechazaron. Cómo los palestinos de Gaza alcanzaron semejante estado de deshumanización y de caos se podría explicar de varias formas.

Hay quienes lo atribuyen a la decisión de Washington y Bruselas de terminar la ayuda directa al gobierno palestino desde marzo 2006 -ayuda que Hamas, contra sus pronósticos, no pudo sustituir tan fácilmente con la solidaridad del dinero musulmán. Otros señalan el papel del ex ministro Mohamad Dahlán (de Fatah), quien responde a las órdenes de Washington, Londres y algunos dicen, también de Tel Aviv, de sabotear continuamente al gobierno de unidad nacional salido de los acuerdos de la Meca para impedir a Hamas gobernar, un papel desestabilizador que incluso varios sectores del Fatah han condenado. La decisión de Abu Mazen de nombrar a Dahlán vicepresidente del Consejo para la seguridad nacional fue la última provocación a Hamas.

El servicio civil y las fuerzas de seguridad alineadas a Fatah consideraron siempre a Hamas como un actor paria y pensaron que podían marginarlo; el Cuarteto (Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y la Organización de Naciones Unidas), e Israel, supusieron que la política de sanciones y boicot del gobierno palestino pondría de rodillas a Hamas o motivaría a los palestinos a retirarle su apoyo. A eso se agregó la política israelí del aislamiento político, el embargo económico, los asesinatos de líderes, los encarcelamientos de miembros del gobierno y del parlamento, el muro, los nuevos asentamientos. Al final, todos lograron impedir a Hamas gobernar. Pero el apoyo económico, militar y político estadunidense, israelí, y de algunos países árabes hacia Fatah no hace sino echar más leña al fuego de la guerra civil.

A final de cuentas, el enemigo principal es la ocupación, que golpea a todos los palestinos sin excepción. La crisis en la que se encuentra el sistema político israelí desde la guerra en Líbano del verano pasado y el gran poder militar del Estado hebreo (financiado por Estados Unidos) frente a los palestinos hace que los incentivos para terminar con la ocupación y el sofocamiento económico y militar de Gaza y Cisjordania sean prácticamente nulos. En un reporte reciente, Alvaro de Soto, coordinador especial de la ONU para le proceso de paz en Medio Oriente, califica como devastador para los palestinos y para la misma ONU el apoyo incondicional de Washington a Tel Aviv. Una constatación similar habían presentado los internacionalistas J. Mearsheimer y S. Walt en marzo de 2006, en su estudio sobre el lobby israelí en Estados Unidos y la política estadunidense hacia Medio Oriente.

En las condiciones actuales, exponentes políticos e intelectuales palestinos han invocado el fin de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como la única salida para sacar a Fatah y Hamas de la guerra fraticida. En última instancia, sostienen, ello significaría terminar con la farsa de una administración que no tiene soberanía alguna y que, bajo la semblanza de ser un auto-gobierno cubre, sin quererlo, la miseria humana cotidiana en la que el ejército israelí tiene sumida a la población palestina. Una ocupación cuya violencia se prolonga, ante la complicidad de los gobiernos occidentales, y la censura por omisión o uso selectivo de la lengua de sus noticieros.

 
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