Entre 1994 y 2006 han ocurrido 60 casos de agresión, según Amnistía Internacional
CMDPDH: propicia el fuero militar violencia sexual contra las indígenas
Guerrero, Chiapas y Oaxaca, los estados donde ha ocurrido la mayoría de los ultrajes
Como parte de la reforma del Estado debe modificarse la justicia castrense, señalan ONG
Informes de Amnistía Internacional revelan que de 1994 a 2006 se han documentado al menos 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por elementos de las fuerzas armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, planteó Alma Burciaga, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En tanto, organizaciones internacionales exigieron al gobierno mexicano que en el marco de la reforma del Estado se realicen modificaciones al aparato militar, sobre todo en lo relativo a la justicia castrense.
Al participar en una mesa sobre violación de mujeres y militarización en México, la activista de la CMDPDH señaló que en esos estados se presenta el mayor número de ultrajes sexuales debido a que es ahí donde "hay una gran efervescencia de grupos comunitarios que defienden su tierra y sus recursos naturales".
Subrayó que el hecho de que exista el fuero militar, además de que sean tribunales castrenses los que investiguen estos delitos, propicia que las víctimas no accedan a la justicia, debido a que no existe imparcialidad de parte de las instituciones armadas, lo que va en contra de recomendaciones y acuerdos internacionales firmados y ratificados por México.
"Tenemos casos de mujeres que han sufrido una serie de humillaciones y que han tenido que padecer procesos en total discrepancia con los compromisos adquiridos por México en materia de derechos humanos. La existencia del fuero militar y el aumento del número de efectivos en actividades no relacionadas con los rubros para los cuales fueron creados, dentro de una estrategia de supuesto combate al narcotráfico y el crimen organizado, ha aumentando los riesgos de todas las mujeres, convirtiéndonos en las víctimas idóneas de un sistema disfuncional carente de una visión integral a futuro", explicó Burciaga.
La especialista destacó que casos como los de las hermanas González Pérez, indígenas tzeltales de Chiapas, quienes fueron violadas por soldados en 1994; de las trabajadoras sexuales de Castaños, Coahuila, ultrajadas por efectivos castrenses en julio del año pasado, y el de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, quien denunció haber sido atacada por militares, afirmación que desmintiera la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son de llamar la atención por la impunidad en la que hasta ahora permanecen los agresores.
"Estos casos han llamado la atención no sólo por su brutalidad, sino por la impunidad en la que permanecen los responsables, quienes se han resguardado en su autoridad (militar) para escapar de la justicia", denunció.
Otro hecho que destacó es que actualmente en el sistema judicial, sobre todo en el militar, son las víctimas quienes tienen que comprobar los hechos y las que tienen menor credibilidad cuando el presunto responsable resulta ser un miembro del aparato estatal.
Alertó que el silencio sobre estos temas y el "pobre papel" de organismos autónomos y de Estado como la CNDH, el IFAI y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra la Mujer, "es una situación preocupante que lleva a pensar que el Estado forma parte de la cadena de violencia hacia las mujeres, en un escenario de gran simulación, donde el gobierno afirma en los foros internacionales que realiza acciones positivas, pero éstas finalmente nunca se concretan o se incumplen".
Coto a la jurisdicción militar
Por su parte, Viviana Krsticevic, directora del Centro de Justicia y Derecho Internacional, exigió al gobierno mexicano que en el marco de la reforma del Estado "es necesario replantear el alcance de la jurisdicción militar, comenzando por una reforma de esa institución, además de garantizar los derechos de las mujeres".
Agregó que "en un proceso serio de reforma del Estado, México tiene que reconsiderar y replantear el alcance de la jurisdicción militar". Advirtió que estas modificaciones se presentarán "por las buenas o por las malas", debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo podría ordenar al gobierno federal.
Destacó que la justicia militar no es imparcial ni independiente, por lo que resulta un "fuero de impunidad", lo que va en contra de un régimen democrático.
"El Estado mexicano no puede desentenderse de sus obligaciones internacionales y constitucionales de protección a los derechos de la mujer y de la ciudadanía", por lo que toda violación a las garantías fundamentales cometida por militares debe ser atraída por la justicia civil, concluyó.