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Deben ampliarse causales para abrir paquetes, admite

El 2 de julio el IFE se topó con fenómenos novedosos: Ugalde

FABIOLA MARTINEZ

A un año de los comicios más competidos en la historia reciente del país, los protagonistas hacen recuentos, mientras las autoridades electorales justifican sus resoluciones con el argumento de que "vacíos legales" impidieron dar cauce a las denuncias de fraude señaladas por la coalición que encabezó Andrés Manuel López Obrador.

Nueve meses después que el proceso se convirtió en cosa juzgada para los tribunales, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, dijo que este organismo se topó con "fenómenos novedosos" en la contienda.

Sin aceptar responsabilidades, admitió que sería "deseable" que -en el marco de la eventual reforma electoral- se amplíen las causales para la apertura de paquetes, exigencia central de la coalición Por el Bien de Todos, apenas se conocieron los resultados preliminares de la jornada del 2 de julio.

Y, aunque como dice el historiador Lorenzo Meyer, "el golpe dado ya nadie lo quita", el IFE -criticado por las pifias y omisiones en los días posteriores a la jornada electoral- encabeza ahora una "amplia consulta ciudadana" con el propósito que tales "fenómenos novedosos", que se tradujeron en una amplia lista de irregularidades, no queden en la impunidad.

En más de 3 mil ponencias que el IFE llevará al Congreso de la Unión, en el contexto de la reforma del Estado, Ugalde presenta como preocupación colectiva que existan sanciones a medios de comunicación que acepten la contratación de propaganda electoral por parte de personas físicas o morales distintas a partidos políticos.

Aunque los funcionarios electorales son muy cautos en sus declaraciones, el punto anterior tiene claro antecedente en la llamada guerra sucia, el alud de mensajes pagados, principalmente en televisión, no sólo de partidos políticos (eventualmente sancionados después de transmitir sus mensajes en los que denostaban a su opositor), sino a organismos ajenos a la contienda como el Consejo Coordinador Empresarial, que contrató espacios en horarios triple "A" para hacer eco de la estrategia de campaña del PAN, en el sentido de que López Obrador era un "peligro para México".

Así, el IFE llevará también a los legisladores las "propuestas ciudadanas" para prohibir la difusión en medios electrónicos de propaganda de los tres niveles de gobierno, tanto de tipo social como de obra pública, durante los procesos electorales. Además, reducir el financiamiento público a los partidos políticos, tanto en actividades ordinarias como en campañas políticas.

Uno de los 12 puntos destacados por el IFE redunda en prohibir la propaganda en medios de comunicación en las precampañas, de tal forma que los actos de proselitismo solamente ocurran en el interior de los partidos políticos.

Los ciudadanos plantean, según el organismo, responsabilizar al candidato y no sólo al partido político en la rendición de cuentas, "con las sanciones a que haya lugar cuando se compruebe algún ingreso o gasto irregular".

Cabe recordar, en este punto, que la del año pasado fue una campaña histórica, lo mismo por el énfasis en la descalificación y cerrada competencia, que por el elevado costo de la misma: 11 mil 892.1 millones de pesos, de los cuales 6 mil 842 millones correspondieron a gastos de operación y el resto a prerrogativas a partidos.

Una campaña de 160 días caracterizada por una guerra de espots (del 19 de enero al primero de junio fueron transmitidos 8 mil 189 anuncios en televisión).

Mientras tanto, Flavio Galván, actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima instancia que calificó -en septiembre pasado- la elección a favor del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, comentó que el reconocimiento de irregularidades en el proceso (como las acciones del presidente Vicente Fox que "pusieron en riesgo" la elección), correspondieron a expresiones de una magistrada (Alfonsina Navarro), y no conclusiones asentadas en la sentencia.

Pero el colofón de quienes tienen o han tenido bajo su responsabilidad el veredicto final de un proceso electoral, lo dio el 20 de junio pasado el ex presidente del TEPJF, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, quien afirmó: "abrimos los paquetes, los contamos, vimos las actas, vimos los informes; la verdad, la organización electoral está fuera de sospecha. Si alguien está bajo sospecha es la calidad cultural del pueblo de México, con lo doloroso que es esto. No sabe leer, no sabe escribir y menos sumar".

Después de un largo litigio en el tribunal y de movilizaciones ciudadanas por varias semanas (que se distinguió por un megaplantón de 50 días en el Zócalo de la capital del país y a lo largo de Paseo de la Reforma) la resistencia civil, encabezada por seguidores del candidato de la coalición PRD-PT y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador, realizaron la Convención Nacional Democrática, misma que, el 20 de noviembre pasado, lo proclamó "presidente legítimo".

En el recuento, el historiador Lorenzo Meyer advierte que tras el proceso de 2006, el país está nuevamente ante "una oportunidad histórica desperdiciada", es decir, no se pudo conseguir una verdadera alternancia.

"La verdadera consolidación (de la democracia) no se ha dado en México, porque ello requería alternancia entre programas, partidos, personalidades y plataformas. Eso es lo que podemos decir frente al 2 de julio de 2006", dijo.

En cambio -agregó Meyer- la derecha avanza con el objetivo de consolidarse en una especie de sustituto del antiguo régimen (priísta).

"Lo anterior representa que toda esa enorme carga de desigualdad que ha venido configurando a la sociedad mexicana va a tener campo libre; entonces, ese será el cincel que configure el perfil del México del siglo XXI."

 
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