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Acosta Chaparro, torturador sádico: González Ruiz

BERTHA TERESA RAMIREZ

Familiares de las víctimas de la guerra sucia y defensores de los derechos humanos censuraron la liberación del general Mario Alberto Acosta Chaparro, al tiempo que anunciaron la conformación de un nuevo movimiento para continuar la lucha contra la impunidad, luego de que en marzo de este año el gobierno federal desapareciera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Al hacer un balance sobre la lucha reciente en torno a las víctimas y desaparecidos durante ese periodo, Enrique González Ruiz, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), dijo que el instrumento que creó el gobierno foxista, "la fiscalía de nombre largo y alcances mínimos, resultó un profundo fiasco y el resultado es que hoy la situación es más compleja, porque ya echaron más tierra sobre el asunto, hay más toneladas de olvido sobre el tema".

La liberación de Acosta Chaparro se dio apenas acababa de anunciarse en Guerrero la posible creación de una comisión de la verdad que indagara a fondo los acontecimientos de la llamada guerra sucia, "lo que no es cualquier cosa", afirmó González Ruiz, quien consideró que el hecho no es casual "y demuestra la complicidad de todos los órganos del pasado cuando se trata de este tipo de asuntos".

Al liberar a Acosta Chaparro se deja en libertad a "uno de los torturadores más sádicos de la historia moderna de este país, uno de los criminales de lesa humanidad de mayor grado de responsabilidad personal en la realización de la guerra sucia", agregó

Sobre la etapa reciente de la lucha en torno a las victimas de esa guerra, dijo que las expectativas que se abrieron en 2000 para dejar atrás el régimen autoritario y que hablaban "hasta de una comisión de la verdad, no sólo para el asunto de la guerra sucia, sino también para las cuestiones de carácter económico, pues se decía que sancionarían los grandes robos del PRI, resultaron frustradas" agregó durante su intervención en la Jornada por la Presentación de los Desaparecidos Políticos en México, convocada por el Programa de Derechos Humanos de la UACM y seis organizaciones defensoras de esas garantías.

 
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