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Las autoridades pusieron todo tipo de trabas, pero al final tuvieron que excarcelarlos

Liberan en Veracruz a 10 indígenas; sigue desaparecido uno de sus líderes

Los nahuas confirmaron que sufrieron torturas y nunca se les proporcionó atención médica

HERMANN BELLINGHAUSEN

Los diez campesinos nahuas de la organización Dorados de Villa detenidos este 14 de junio en el municipio Ixhuatlán de Madero, Veracruz, salieron libres bajo caución la noche de este miércoles del penal de Villa Aldama, en Perote, donde estaban recluidos según informan miembros de la otra campaña en la región huasteca veracruzana.

En tanto, sigue desaparecido el representante indígena Gabino Flores Cruz, cuyo paradero se desconoce desde el día de la represión policiaca en el recién fundado pueblo Diez de Junio, destruido por la policía y los pistoleros de la familia Faisal Nader, a la cual el gobierno de Fidel Herrera Beltrán reconoce como "propietaria" de las tierras, en contra del ya antiguo reclamo indígena que data de 1938.

Después de un día entero de trámites burocráticos ante instancias judiciales que dificultaron al máximo la liberación, y tras un regateo del juez de Jalacingo que pedía 10 mil pesos de caución por cada uno, luego 5 mil, y acabó fijando 2 mil pesos por cada uno, hoy viajaron a sus comunidades de origen Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Hernández, Enrique Flores Catarina, Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández, Audecio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz.

Junto con ellos había sido detenido el observador de derechos humanos Javier Islas Cruz, quien al igual que los demás fue torturado. Con amenazas de muerte fue "botado" en Teziutlán, Puebla, por elementos de Seguridad Pública de Veracruz. Las difusión de los hechos y el escándalo internacional llevaron a las autoridades veracruzanas a "reconsiderar" el caso, que de acuerdo con lo manifestado por los funcionarios, esperan apaciguar a los indígenas con proyectos productivos.

Desmintiendo las declaraciones del subsecretario de Gobierno, Carlos Rodríguez Velasco, de que los indígenas habían recibido la atención médica necesaria, Antonio Santiago Hernández, herido durante el desalojo, aún trae una bala alojada en el glúteo, pues no tuvo atención quirúrgica en los 20 días que permaneció encarcelado a raíz de que la policía expulsó con violencia a los campesinos de un terreno entre Lomas del Dorado y Tzocohuite, donde cría ganado la millonaria familia Faisal.

También la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, encargada de la defensa, dio a conocer "la liberación de los luchadores sociales", a quienes la otra campaña del Totonacapan y la Huasteca siguen considerando "presos y perseguidos políticos". De acuerdo con la defensa, "ahora les espera la continuación de su proceso, la presentación de pruebas y alegatos para su defensa de los cargos de daño a un chaleco antibalas, resistencia de particulares e injurias" a los elementos de Seguridad Pública que los desalojaron a tiros "y los hicieron 'confesar' con la 'prueba reina': la tortura".

El 26 de junio, la mayoría de los detenidos había enviado una carta manuscrita al mandatario veracruzano demandándole su liberación "absoluta", y le reiteraban: "Fuimos golpeados, maltratados, humillados violando nuestros derechos de indígenas, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado".

Ixhuatlán de Madero, municipio del que proceden los fundadores del poblado Diez de Junio, uno de los 50 municipios más marginados del país, es de población mayoritariamente nahua, otomí y teneek, y los conflictos vivos por la propiedad de la tierra también contradicen las versiones oficiales de que ya terminó el reparto agrario en la entidad. Tan sólo este caso lleva siete décadas esperando justicia, mientras el Estado protege a capa y espada los intereses de terratenientes que ocupan ilegítimamente tierras indígenas.

La Red Unidos por los Derechos Humanos y la otra campaña establecieron esta mañana un plantón frente a la sede del gobierno estatal en Jalapa, demandando la absolución de los procesados y la entrega de las tierras a las comunidades con derecho a ellas. Asimismo realizaron "un juicio popular" al gobernador, por los hechos de Lomas del Dorado.

A su vez, el Comité Central del Partido de los Comunistas, reunido esta semana en la ciudad de México y miembro de la otra campaña, expresó "su apoyo total a los campesinos de los Dorados de Villa, adherentes a la otra campaña, en su acción de recuperar las tierras que legítimamente les pertenecen", y se sumó a las exigencias de libertad absoluta para los diez indígenas todavía bajo proceso, la presentación con vida de Gabino Flores Cruz, y a la demanda de juicio popular "en contra del represor Fidel Herrera Beltrán".

 
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