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El cambio permitirá a esa secretaría iniciar directamente juicios a corruptos

La SFP propone despojar a la PGR del "monopolio" del ejercicio de la acción penal

ELIZABETH VELASCO C.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez Cázares, propuso realizar una reforma al Poder Judicial para eliminar en las leyes mexicanas el monopolio del ejercicio de la acción penal que actualmente tiene la Procuraduría General de la República (PGR) o el Ministerio Público.

De lograrse esos cambios, dijo, se permitiría a la SFP iniciar juicios en forma directa en contra de los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos de corrupción. Martínez destacó que actualmente sólo el Poder Judicial es "quien deslinda en definitiva las responsabilidades administrativas o criminales y, por tanto, juega un papel central en el combate a la corrupción o en la extensión de la cultura de la legalidad", mientras que el Ejecutivo "tiene que cooperar".

Durante su participación en el seminario internacional denominado Etica en la gestión pública y la lucha contra la corrupción, que este jueves concluyó, Martínez -uno de los funcionarios más cercanos a Felipe Calderón y quien se avizora como sucesor del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino- se pronunció en favor de dar "a la víctima del delito de corrupción -o del fraude por opacidad- voz y querella en la Secretaría de la Función Pública, encargada de revisar el desempeño y actuación" de los funcionarios de la administración pública federal.

Dijo que ese aspecto es relevante, más aun cuando las víctimas demandan servicios básicos, como es el caso de los de salud, en los que, admitió, existe corrupción hormiga y de cuello blanco, particularmente en las compras gubernamentales y en las obras públicas.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, destacó que quitarle el monopolio de la acción penal a la PGR permitiría establecer en México un sistema de justicia similar al que actualmente tienen España y Francia.

A su vez, el juez y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile, Juan Guzmán Tapia, coincidió en afirmar que es necesario dar un "enfoque total a la lucha contra la corrupción".

Sobre todo cuando en los sistemas judiciales de los países americanos se recurre al expediente de inhabilitar al funcionario público en su cargo, obligándolo a renunciar, con lo cual muchas veces se "termina el problema, se archivan los antecedentes y la corrupción queda impune y el desfalco de millones de pesos queda absolutamente sin castigo", lo cual es conocido y repudiado por quienes hurtan una "gallina o un televisor y pasan seis meses privados de su libertad o se les condena a cinco años de prisión, según la naturaleza del robo".

Los jueces también abordaron el factor tiempo en la impartición de la justicia, la que admitieron es "lenta: tardamos demasiado tiempo en investigar y tramitar, lo cual puede ser más injusto que una ausencia a esa respuesta", señaló Garzón.

Tapia destacó que son los medios de comunicación los que dan a conocer los actos de corrupción, o bien -como en el caso chileno- el Congreso. Además de ello, señalaron que en la impartición de la justicia y el combate a la corrupción influye el pago de emolumentos, no a los ministros, jueces o cortes de apelaciones o fiscales, sino al personal subalterno que, "lamentablemente, continúa considerado como uno de los grupos de corrupción más alto" en el Poder Judicial. Cabe destacar que luego del seminario, el presidente Felipe Calderón recibió en la residencia oficial de Los Pinos a los jueces Baltasar Garzón, de España; Juan Guzmán, de Chile, y Armand Riberolles, de Francia.

 
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