Nuevo régimen político ciudadano
El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos actores sociales y de la propia ciudadanía para la regulación de la vida social y política nacional. De aquí que la legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependan hoy también de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad, así como de su voluntad para garantizar a éstos su condición de ciudadanos. Pues bien, con las expectativas generadas por una posible reforma del Estado, y con el ánimo de seguir contribuyendo al desarrollo político del país, diversas organizaciones civiles, sindicales y campesinas, que conforman el Espacio Tripartita, abrieron -a pesar de que la ley aprobada en la materia no lo contempla- vías de interlocución y negociación con el Congreso, con el fin de promover iniciativas, pero sobre todo para explicitar el enfoque y alcance que debiera contener dicha reforma.
Las posibilidades de la gobernanza pasan hoy, en efecto, por reformular y democratizar la relación entre gobierno y sociedad, y por propiciar medidas tendientes a instrumentar mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la sociedad, que a la vez sean innovadores para la gestión de sus demandas, e impliquen una política de inclusión e interlocución con los distintos actores, así como el diseño y promoción de distintas formas de representación. Únicamente de ese modo la política de participación ciudadana adquiere una función sustantiva. La participación ciudadana -se ha insistido en el cabildeo con el Congreso- es un componente central de la construcción democrática, porque: a) fortalece y legitima a un gobierno democráticamente electo, y contribuye a la eficacia de su desempeño; b) interviene en la funcionalidad de la gestión pública, y otorga mayor legitimidad a las políticas públicas; c) amplía el espectro de la representación de la pluralidad social; d) es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública; e) involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública; f) valida la función de la sociedad civil como interlocutora, y, g) contribuye a su fortalecimiento.
Las prácticas de participación ciudadana se identifican así con la existencia de un gobierno democrático, que reconoce en la construcción de ciudadanía el principio rector de la democratización, así como una vía para la legitimación de sus funciones y la eficacia de sus acciones. Y que, desde esa convicción, asume la responsabilidad de generar condiciones para hacerla efectiva. En esta perspectiva, además del diseño de espacios e instrumentos para la participación, se requiere de una normatividad que los reconozca, y del establecimiento de reglas claras para la relación entre los actores participantes. A esto desde luego se suma la voluntad política de los gobernantes, que constituye un factor de primer orden, sin el cual el resto de las condiciones pueden quedar en letra muerta. Nos hace falta un nuevo régimen político, que elimine las prácticas autoritarias y corporativas, que armonice las instituciones del Estado, que democratice los canales de participación, permitiendo la intervención de la sociedad en la definición de las políticas públicas, y que instaure un verdadero estado de derecho.
En tal sentido, las propuestas que están impulsando las organizaciones que conforman el Espacio Tripartita, en el marco de las deliberaciones sobre la reforma del Estado, para hacer efectiva la participación ciudadana, se concretan en: a) reformas constitucionales, que den cabida a la legitimación de la participación ciudadana (que le otorguen estatuto legal) y a la formulación de una política federal expresa de participación ciudadana; b) reconocimiento constitucional e instrumentación legal de figuras tales como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, así como la creación de distintas instancias de participación en los ámbitos sectoriales y en los distintos niveles de gobierno, como consejos ciudadanos, comités territoriales, etcétera; c) aprobación de la iniciativa civil del Consejo Económico y Social (CES); d) una iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana; e) ampliar el campo de iniciativa legal en la materia a otras leyes que requieren ser modificadas, en consistencia con la de participación ciudadana; f) participación ciudadana efectiva en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de gobierno estatales y municipales; g) mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos participativos; programación, evaluación y control; mayor difusión, apertura y descentralización de las instancias que se crean para discutir políticas y programas; énfasis en instancias vinculantes y en sectores relevantes.
Desde la perspectiva de estas organizaciones, lo sustantivo son los contenidos y el alcance de una verdadera reforma social y democrática de Estado, que tenga como prioridad a la ciudadanía, su bienestar y desarrollo social, así como una participación de calidad de la sociedad civil.