Usted está aquí: martes 10 de julio de 2007 Economía Rescatar Banrural y BNCI costó al erario $54 mil millones: SAE

Esa oficina empadrona 6 mil inmuebles sin avalúo y dinero en bóvedas sin contabilizar

Rescatar Banrural y BNCI costó al erario $54 mil millones: SAE

Sólo en 1999 Nafin perdió $4 mil 273 millones

El Servicio de Enajenación de Bienes ha generado más de $11 mil millones, informó su director; acepta que puede haber corrupción

ANTONIO CASTELLANOS

Ampliar la imagen Luis Miguel Alvarez, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda Luis Miguel Alvarez, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda Foto: Yazmín Ortega Cortés

El rescate de los bancos Nacional de Crédito Rural (Banrural) y Nacional de Comercio Interior (BNCI) provocó un boquete a las finanzas públicas de 54 mil millones de pesos, reveló el director del Servicio de Enajenación y Administración de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda, Luis Miguel Alvarez Alonso.

Por su parte, Nacional Financiera informó que esa institución perdió, sólo en el último año del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, 4 mil 273 millones de pesos. A partir de 2001 y hasta 2006, la situación de Nafin cambió y ha logrado utilidades por mil 792 millones de pesos.

El titular del SAE dijo que el agujero que dejó Banrural fue de 40 mil millones de pesos, pero aclaró que 23 mil millones, por lo menos, se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones.

En el caso de BNCI el saneamiento se desarrolló en dos etapas, que representaron 14 mil millones de pesos. Por lo que respecta al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), precisó, la función de promoción la pusieron en un fideicomiso, pero eso no quiere decir que desaparecerá la institución.

El funcionario indicó que las instituciones liquidadas cumplieron con su función y con el tiempo de erosionaron, pero ''no me atrevo a decir que fue por actos de corrupción''. Por ejemplo, Nafin ha cumplido y ahora dista mucho de ser lo que fue hace 40 años.

Explicó que en el caso de Banrural el proceso de desincorporación está muy avanzado. Se han afrontado ciertos conflictos jurídicos, porque no es un solo banco, sino una red con 13 sucursales independientes, y todas se tienen que liquidar.

Después de contar con 4 mil empleados hace tres años, ahora se han concentrado en sólo uno alrededor de 400 personas. El reto es fusionar todas en una y se espera que en 12 o 18 meses quede liquidado el sistema Banrural.

Otras operaciones

Alvarez Alonso se refirió a otras operaciones del SAE, e indicó que hay un padrón de 6 mil inmuebles, pero no se puede hacer un avalúo, el cual se realiza cuando se procede a la venta y es para tener una referencia en el mercado, pero no se puede hacer todos los días porque es muy costoso.

La última referencia que se tiene es que entre 2006 y lo que va de este año se han vendido 4 mil vehículos, y hay otros 6 mil por enajenar. El SAE recibe las mercancías con un acta de decomiso, pero no se sabe a quién pertenecían.

Desde que se creó el SAE, dijo, se han generado más de 11 mil millones de pesos, que equivalen a ventas de inmuebles por 4 mil 200 millones de pesos, y el resto a recuperación de carteras vencidas de banca de desarrollo.

Además, manifestó, hay dinero que se queda en bóvedas y que corresponde a hechos delictivos o que ''tienen polvito mágico''. Los jueces determinan que son fondos que no se pueden depositar y se deben quedar en bóvedas. En estos casos tampoco se puede determinar el total.

Los recursos que se han generado suman más de 11 mil millones de pesos, y se han devuelto a mandantes como Nacional Financiera. Lo que envía la Secretaría de Hacienda está en la Tesorería de la Federación, y lo que canaliza Aduanas se va a un fondo que se llama de resarcimiento.

Las ventas de esas mercancías se acumulan en el fondo, y si los jueces instruyen regresar los bienes, se entrega el producto de la venta. En el caso del dinero en efectivo, si el juez determina que se regrese, se procede a hacerlo junto con el rendimiento.

El presupuesto que maneja el SAE, subrayó Alvarez Alonso, es de unos 700 millones de pesos, de los cuales 300 millones se destinan a asegurar los inmuebles, pagar impuestos, seguridad y seguros, y sacar avalúos.

El costo, explicó, parece muy alto, pero si se generan ventas por 2 mil millones, se tiene un neto positivo de mil 700 millones de pesos. Además destacón que se debe considerar que hay que pagar abogados para enfrentar demandas.

El funcionario informó que la Procuraduría General de la República envía al SAE bienes e inmuebles, pero sin etiquetar. Como director del Servicio de Enajenación y Administración de Bienes, expuso, ''no sé lo que se recibe, si pertenece al narcotráfico o lavado de dinero. No hay forma de identificar la procedencia''.

Agregó: ''cuando se trata de una empresa que lava dinero se detecta porque no tiene forma de generar utilidades. Esto ha ocurrido y entonces se le pide al juez cerrar la empresa, como pasó con el periódico El Independiente, porque costaba más mantenerlo en operación''.

La corrupción

Al referirse a la operación del SAE, Alvarez Alonso aceptó que hay corrupción. ''Se da. Estoy seguro que existe y tratamos de decidir sobre esquemas y procedimientos que den transparencia a lo que hacemos''.

Desafortunadamente, agregó, los volúmenes de cosas y quehaceres que tenemos que supervisar son enormes. Hay idea de que existe corrupción, pero no me consta. Habrá ocasiones en que la discrecionalidad sobre algunas decisiones pueda llevar a procesos de corrupción.

Hace poco, subrayó, derivado de un proceso institucional de control y formalización, ''descubrimos una venta armada por abogados externos (los necesitamos para supervisar más de 30 mil demandas), en la que hubo un esquema de venta de manera apócrifa. Sobre ellos hay una demanda penal y civil por 4 mil millones de pesos, pero no hay más''.

Eso no quiere decir que ''no haya otros ilícitos y por ello tenemos que seguir con el proceso de formalización, control y orden. Se trata de evitar actos de corrupción y una forma es utilizar tecnología de punta, para disminuir cualquier acto discrecional''.

Se determinó que las decisiones no sean unipersonales, sino colegiadas. En ellas participan tres personas y ''tendrían que estar encochinados los tres y eso ya es más difícil''.

 
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