"Se demostró que las fiscalías especiales son grave error"
La SFP, obligada a denunciar a Carrillo Prieto, dicen penalistas
Las anomalías financieras en que se incurrió en la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por más de 28 millones de pesos tan sólo durante un año, que fueron detectadas mediante una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), obligan a esa dependencia a presentar una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex fiscal Ignacio Carrillo Prieto.
Además esto demuestra que las "fiscalías especiales" son un "grave error", porque con ellas "se da autonomía financiera y jurídica a un Ministerio Público por encima del propio procurador de la República en turno", señalaron reconocidos juristas y abogados penalistas consultados por La Jornada.
"Que la Femospp sea investigada a fondo por las irregularidades contables, administrativas y constitucionales que presenta, no solamente por la SFP, sino además por el Congreso de la Unión", exigió Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, quien representa legalmente a varios ex trabajadores del organismo que demandaron civilmente a Carrillo Prieto por adeudos salariales.
Agregó que "dicha fiscalía nació y desapareció sin cumplir los fines para los que fue creada, devengando un presupuesto millonario a cargo del erario".
A su vez, Juan Velásquez, abogado del ex presidente Luis Echeverría, quien fue llevado a proceso penal por las acusaciones que le fincó la Femospp por genocidio, indicó que el caso de Carrillo Prieto y los presuntos desvíos de recursos en que incurrió "es la repetición de lo que invariablemente sucede en un cargo cuando a una persona se le dan poderes absolutos respecto de investigaciones penales, de personas a su cargo y de los dineros".
El penalista exhortó a la SFP a concluir las investigaciones que tiene abiertas contra el ex titular de la Femospp, para que se aclare dónde terminó el dinero que no ha podido comprobar y, de ser necesario, se presente una querella ante la autoridad ministerial para que pueda ser sancionado.
Para el abogado José Luis Nassar Daw, hijo y defensor de Miguel Nazar Haro, ex titular de la disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS), Carrillo Prieto "hizo lo que quiso, y ahora llegó el momento en que lo están llamando a cuentas; la autoridad tiene que fincarle una responsabilidad administrativa y penal, inmediatamente".
El penalista recordó que en la PGR hay abiertas actualmente dos indagatorias ministeriales contra Carrillo Prieto por presunta fabricación de pruebas en perjuicio de los ex titulares de la DFS, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.
"En todas las averiguaciones previas abiertas ya existen elementos de prueba suficientes (para ejercer la acción penal)", puntualizó Nassar.