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De las 19 averiguaciones que consignó, en ninguna logró alguna sentencia condenatoria

La Femospp dejó pendientes de resolver 90% de casos investigados

Auditoría revela el pago de "comidas de trabajo" por miles de pesos en una sola exhibición

GUSTAVO CASTILLO, ELIZABETH VELASCO

Ampliar la imagen Sin conclusión quedaron cientos de investigaciones sobre la desaparición de personas durante la llamada guerra sucia Sin conclusión quedaron cientos de investigaciones sobre la desaparición de personas durante la llamada guerra sucia Foto: Marco Peláez

Al final de su existencia, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) dejó pendientes de resolver más de 90 por ciento de los casos que dieron origen a su creación: la desaparición de 532 presuntos integrantes de grupos armados durante los años 70 y 80, de acuerdo con datos del sexto informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR).

La oficina que dirigió Ignacio Carrillo Prieto tampoco concluyó las averiguaciones previas relacionadas con los asesinatos de 665 militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocurridos entre 1988 y 2002, y la ejecución de 17 campesinos el 28 de junio de 2005 en el vado de Aguas Blancas, en Guerrero.

Durante sus cinco años de existencia, la Femospp consignó 19 averiguaciones previas y obtuvo 20 órdenes de aprehensión y ocho autos de formal prisión; sin embargo, en ninguno de los casos logró alguna sentencia condenatoria, porque la mayor parte de las acusaciones se consideraron prescritas, incluyendo lo relativo a sucesos como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Sin embargo, en lo que se refiere a la matanza de Tlatelolco, a pesar de que la Femospp no pudo acreditar la responsabilidad penal en esos hechos de Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, entre otros, actualmente se le sigue proceso penal al ex presidente Luis Echeverría Alvarez como presunto responsable del delito de genocidio.

En este caso se dejó abierta la averiguación previa PGR/FEMOSPP/052/2005, dentro de la cual "se prosiguen líneas de investigación tendentes a identificar casos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas, para acreditar el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro", por los hechos del 2 de octubre de 1968.

Asimismo, la fiscalía dejó abierto un triplicado relacionado con la matanza del 10 de junio de 1971, al cual le correspondió el número PGR7FEMOSPP/061/2004, en que también se busca identificar a los responsables de casos de desaparición durante esos acontecimientos ocurridos en la Calzada México-Tacuba.

En ese contexto se debe mencionar que la auditoría 19/04 practicada a la fiscalía especial por el Organo de Control Interno, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que abarcó el ejercicio presupuestal del bienio 2002-2003, no incluyó la revisión del trabajo ministerial, pero se detectó, entre otras muchas irregularidades, que en la fiscalía que dirigió Ignacio Carrillo Prieto hubo casos en los que los servidores públicos tuvieron que llevar a la oficina incluso su propio equipo de cómputo y otros bienes para desarrollar sus labores.

Ejemplo de ello es el registro del equipo número 02194, que elaboró personal del Organo Interno de Control, en el que se menciona el caso de Eloísa Rueda Duarte, agente del Ministerio Público, quien tuvo que aportar su computadora personal y hasta un compendio de reglamentos en materia penal para trabajar.

Sin embargo, la auditoría 19/04 refiere que seis "bienes propiedad de la institución" (la mayor parte de ellos computadoras portátiles) fueron "prestados" a personas ajenas a la PGR y la Femospp, entre ellos un dirigente del movimiento estudiantil de 1968.

A lo largo de la revisión practicada por el órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), también se detectó que hubo gastos en alimentos que se consideraron "fuera de norma".

El 18 de julio de 2002, uno de los cuatro coordinadores administrativos que tenía la Femospp validó la compra de "comida para el personal que por trabajo extraordinario no salió a comer ese día", y en La Europea se adquirieron seis kilos de jamón cocido, 12 frascos de aceitunas con hueso, cuatro piezas de queso, 20 latas de atún blanco, 20 latas de sardinas en aceite, 12 frascos de aderezo césar, tres kilos de salchicha, 10 frascos de salsa cátsup y otras cinco piezas de queso. Esta adquisición costó 4 mil 140 pesos, según la factura c55342, emitida por la empresa.

En la auditoría hay registro del pago de "comidas de trabajo" por miles de pesos en una sola exhibición, y también erogaciones que llamaron la atención del órgano fiscalizador, como las mencionadas en tres facturas sufragadas a la empresa Eventos Sociales D'Valle, SA de CV, en las cuales se detalla el pago de 7 mil 72.50 pesos por 410 box lunches entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2002.

Las justificaciones del gasto fueron que 150 de estos paquetes de alimentos se distribuyeron a "personas que vinieron del interior de la República en octubre, con motivo del 2 de octubre".

Es decir, la entrega de los paquetes de alimentos ocurrió muchos días después de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. Además, productos como esos se entregaron en dos ocasiones más, cada una de 130 box lunches, que supuestamente se repartieron a "declarantes trasladados del interior de la República", entre el 11 y el 15 de noviembre de 2002.

Esto es sólo una muestra de las situaciones detectadas por la auditoría 19/04 en la Femospp en el bienio 2002-2003, una entidad del gobierno federal que se creó por decreto presidencial en noviembre de 2001, pero que inició formalmente sus labores en enero de 2002, y que se extinguió por medio de un acuerdo administrativo en noviembre de 2006.

 
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