La sanción afecta las funciones de regulación, dice dependencia
Solicitan a España que apele la decisión europea contra Telefónica
Madrid, 12 de julio. El directorio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de España dijo el jueves que solicitó a su gobierno que apele a la decisión de la Comisión Europea de multar al grupo de telecomunicaciones Telefónica, anunciada la semana pasada.
El órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) impuso una sanción de 152 millones de euros (207 millones de dólares) a la compañía por supuesto abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha de Internet, entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006.
El ministro de Industria de España, Joan Clos, ya había dicho que el Ejecutivo estaba estudiando la interposición de un recurso de reclamación.
En su solicitud, la CMT pone de relieve ''cómo las irregularidades que a su juicio presenta la decisión, afectan gravemente la coherencia que debe presidir las actuaciones sobre los mercados de comunicaciones electrónicas''.
La comisión de telecomunicaciones española manifestó que el brazo ejecutivo de la UE nunca había requerido formalmente la cooperación del regulador local en este caso, y que consideraba que el procedimiento empleado vulneraba el principio de cooperación leal con los gobiernos nacionales.
La CMT agregó que ''la decisión comunitaria afecta seria y profundamente sus funciones de regulación, en particular, y las de las agencias nacionales de regulación, en general, y que esta actuación compromete la consecución de sus objetivos, de regular en defensa de los usuarios españoles''.
El fiscalizador español subrayó que la finalidad de la apelación responde ''estrictamente'' a la defensa de la legalidad comunitaria. Telefónica anunció el 4 de julio que presentaría un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, para reclamar por la millonaria multa.
La operadora de telecomunicaciones comentó que la evolución favorable del mercado de banda ancha en España fue avalada públicamente por el regulador nacional, lo que hacía injustificable la resolución de Bruselas.