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Editorial

Caso Zhenli Ye Gon: un tropiezo tras otro

La inadecuada actuación de las autoridades mexicanas en el caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon está provocando un clima de confusión que apuntala la hipótesis de que el gobierno federal tiene algo que ocultar en este asunto. Las numerosas contradicciones e imprecisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el destino de los poco más de 205 millones de dólares que la Procuraduría General de la República (PGR) le requisó a Ye Gon el pasado 13 de marzo, entre otros hechos oscuros y cuestionables, parecerían confirmar que esos recursos son de procedencia ilícita, lo que involucraría al panismo (según lo declarado por Ye Gon) en actos de corrupción.

Las situaciones raras en el chinogate comenzaron a darse desde el inicio: tras el decomiso, las autoridades informaron que las sumas del dinero requisado eran inferiores a los 205 millones de dólares y a los 17 millones de pesos que finalmente aceptaron tener en su poder. Posteriormente, el gobierno federal no precisó adónde fueron a parar esos recursos hasta el 3 de julio: pasaron más de tres meses en los que nadie supo la ubicación ni el uso que se le dio -si así ocurrió- a ese dinero.

Luego del 3 de julio, las autoridades cayeron en preocupantes contradicciones sobre su destino, ya que en un plazo de 10 días afirmaron que el dinero pasó por cuatro instituciones bancarias distintas. En primera instancia, declararon que los 205 millones de dólares estaban depositados en el Banco del Ejército para su certificación. Acto seguido, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), oficina que depende de la SHCP, sostuvo que estos recursos habían sido enviados a la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos, ello a pesar de que el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, declaró con anterioridad que ese dinero no sería enviado a territorio estadunidense. La confusión aumentó aún más luego de que el SAE aseguró que los recursos fueron trasladados al Bank of America, donde generaba intereses. Y por último, la SHCP difundió ayer un boletín en el cual afirma que el dinero figura en una cuenta de la Tesorería de la Federación en el Banco de México.

En opinión del especialista Mario di Costanzo, estas transacciones interbancarias presentan todas las características de un típico movimiento de lavado de dinero: "Es una acción abierta que confirman los intentos desesperados para borrar el rastro del dinero". Al respecto, cabe señalar que estos recursos -sobre todo los números de serie de los billetes, y las bandas que los sujetan, con el nombre del banco de donde provienen, que permiten rastrear su trayectoria desde el momento de su emisión- son evidencia física clave en el proceso contra Ye Gon, por lo que su debido resguardo, una obligación de las autoridades de acuerdo con la ley, es una condición indispensable para preservar la validez legal del juicio. En este contexto, el procurador fiscal de la Federación, Luis Mancera, dijo ayer que "el papel billete físico, probablemente ya esté desperdigado alrededor de distintos lugares de la geografía mundial", situación que favorece a la defensa de Ye Gon: sin los números de serie, no hay pruebas físicas, por lo que buena parte de los cargos en su contra se caen.

Este modo de operar por parte del gobierno deja en el aire una serie de preguntas aún sin responder: ¿por qué las autoridades enviaron el dinero a los circuitos financieros sabiendo que tenían que preservarlo para el juicio contra Ye Gon? ¿Acaso la acusación del empresario de que una parte importante de los recursos son sobrantes de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional tiene algún sustento en la realidad?

En todo caso, en este escándalo hay una certeza innegable: el manejo del gobierno sobre este asunto ha sido completamente discrecional, poco transparente y plagado de irregularidades. Y la principal consecuencia ha sido la de arrojar aún más sospechas y dudas sobre el talón de Aquiles de este gobierno, su legitimidad.

 
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