Fuerte oposición en AL a que el sector forme parte de los acuerdos de la OMC
El Estado, no el mercado, encargado de resolver problemas educativos: experta
En las instituciones educativas, públicas o privadas, debe prevalecer un concepto de la educación como bien público y como un derecho ciudadano, pero nunca como una mercancía que puede regular el mercado, aseguró Ana Lucía Gazzola, directora del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iselac)
Agregó que si bien es necesario la creación de escuelas y universidades particulares, el problema se genera cuando se ve a la educación "sólo con un fin de lucro y nada más, y se olvida que se trata de un derecho".
En entrevista con La Jornada, destacó que en casi todos los países de la región prevalece una "fuerte oposición a que la educación forme parte de los acuerdos comerciales de la Organización Mundial de Comercio, porque no podemos entender la educación sólo como un servicio al que puede acceder el mejor postor".
Reconoció que pese a la posición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), -organismo del cual depende el Iselac-, para que la educación no forme parte de acuerdos comerciales donde se le considera un servicio más, "se trata de una perspectiva que apoyan las universidades públicas autónomas de la región, pero que no es una posición unánime entre todos los sectores sociales ni entre nuestros gobiernos, donde existen opiniones divergentes".
Matrícula y calidad
Por ello, agregó, ante los grandes retos que enfrenta la educación superior en América Latina y el Caribe es necesario trabajar en el hacer más vigorosas las "fortalezas" y atender las necesidades más urgentes, como la cobertura, pues el promedio de atención para los jóvenes latinoamericanos de 18 a 24 años es "muy baja en comparación con los índices de cobertura en los países industrializados, porque nosotros no sólo tenemos problemas en el acceso a la educación universitaria, también en la formación básica que no hemos logrado universalizar en la región".
Sin embargo, puntualizó, "no basta incrementar la matrícula y garantizar niveles de calidad, también es necesario incluir a los segmentos de nuestras poblaciones que han sido alejados de la educación en general, y de la superior en particular".
Frente a esta situación, destacó que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la educación, porque "no es un tema que vaya a resolver el mercado. Lo mismo ocurre con la calidad, no son problemas que puedan resolver por sí mismas las instituciones ni el mercado; es necesario contar con alguien que tenga legitimidad para establecer un proceso transparente y democrático de aseguramiento de la calidad, ya que la calidad y pertinencia de la educación deben ser resultado de políticas de Estado".