La necesidad carece de ley
Aún se recuerda un viejo adagio latino: Necesitas caret lege, que probablemente mal traducido podría significar que la necesidad carece de ley. En otras palabras, que yo hago lo que convenga a mis intereses aunque hacerlo pueda implicar la violación de una ley. O de la Constitución.
El problema que vivimos en México intensamente es que nuestros legisladores, empezando por el Ejecutivo, eterno autor de las iniciativas, cuando dicta nuevas leyes lo hace pensando en el interés del Estado y no en el de quienes deberán cumplir esos mandatos.
Tenemos ya una buena muestra de esa actitud y estamos en angustiosa espera de un segundo modelo que es, por lo que se conoce, absolutamente preocupante.
La primera muestra está en la Ley del ISSSTE. Las razones de su reforma han sido evidentes: no se trata de mejorar la situación de los asegurados sino de resolver las dificultades económicas por las que, se dice, atraviesa el instituto. La decisión ha sido igual que la que en 1993 provocó la reforma de la Ley del Seguro Social, iniciada por Carlos Salinas de Gortari y que, en franca imitación del modelo chileno puesto en vigor por Augusto Pinochet, creó las administradoras de fondos de retiro (Afore), que no han sacado de apuros al IMSS, pero han enriquecido a la banca y han permitido al Estado tener un financiamiento barato y efectivo.
El problema es que hoy el IMSS se queja de lo mismo. La falta de fondos le impide el crecimiento, el adecuado abastecimiento y el hacer frente, sobre todo, a sus responsabilidades de asegurador. En cambio las Afore y el Estado viven un momento de esplendor.
La Ley del ISSSTE sigue los mismos pasos y con el mismo pretexto. En lugar de Afore se crea el Pensionissste, que en tres años competirá en el manejo de los fondos de pensiones con las Afore vigentes, pero entre tanto gozará de un plazo sabroso para obtener directamente los beneficios del manejo de las cuotas.
Pero, además, desaparece el sentido solidario que debe ser característico de los sistemas de seguridad social: la famosa tesis de que todos respondemos de las necesidades de todos, y se recurre a la individualización de las reservas, para que cada quien se rasque con sus propias uñas. Hay, claro está, ciertas alternativas para que los viejos asegurados se mantengan en el sistema anterior, pero eso no es lo esencial, sino un simple mecanismo de venta de la idea.
El segundo tema de particular importancia se produce con el modelo de reforma fiscal que el presidente Calderón ha enviado al Congreso. Ya antes mencioné la barbaridad que supone que los salarios no se consideren deducibles de las utilidades. Se dice que eso afectará sólo a las grandes empresas, lo que es absolutamente falso. Por el contrario, y de manera muy importante, afectará a las empresas de servicios, que no dependen de la estructura de maquinaria y equipo de las grandes empresas, las que, en última instancia, resuelven el problema sustituyendo a los trabajadores por tecnología, si no de una mano de obra calificada. No poder deducir los salarios significará un costo fiscal muy elevado.
Eso, por supuesto, que es uno de los vicios peores del proyecto. Pero el más grave se producirá en cuanto al empleo, ya que no tendrá mayor interés para un empresario, grande, mediano o pequeño, nacional o extranjero, contratar los servicios de nuestros muy baratos trabajadores. Será mejor sustituirlos por máquinas.
Juega un poco en la misma política y con parecidos efectos el cargar con un impuesto los depósitos bancarios de más de 20 mil pesos mensuales, si se hacen en efectivo. Obviamente la tirada es en contra de la economía informal, que hoy representa una parte muy considerable del empleo. De esa manera, un remedio que ha resultado la respuesta al incremento del desempleo se va a tropezar con una política fiscal que lo favorecerá.
Al Congreso de la Unión, si es que sirve para algo, le tocará resolver el segundo problema, en la misma medida que a la Suprema Corte de Justicia el primero. El Congreso no deberá cerrar los ojos, sino tenerlos muy abiertos, lo mismo que los oídos, para conocer opiniones de los expertos. Que no vuelva a ocurrir lo que pasó con la famosa ley Televisa.
Es evidente que la necesidad, en el caso del Estado, carece de ley o, por decirlo con más exactitud, pasa por encima de la Constitución o destruye los efectos de una ley anterior, incurriendo en la retroactividad. Lo que cabe preguntarse es cuáles son las razones por las que las instituciones ya no funcionan. Primero se pensará en que fueron mal planeadas, culpa seguramente de actuarios optimistas, pero no será tampoco imposible que en ello haya incumplimientos perversos de los administradores.
La seguridad social merece todo el respeto del mundo. Y el equilibrio de las cargas fiscales, lo mismo. De otra manera, los artículos 31-IV, que obliga a los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, y 123-A, fracción XXIX, que declara de utilidad pública la Ley del Seguro Social, se pasan por alto (por no decirlo de manera más expresiva) y colocan a los mexicanos bajo el imperio de las necesidades de un gobierno siempre mal administrado.