Usted está aquí: miércoles 18 de julio de 2007 Política Crece el rechazo de industriales y diputados a la aplicación de la CETU

Varios sectores exigen la reducción del nuevo gravamen y una etapa de transición

Crece el rechazo de industriales y diputados a la aplicación de la CETU

Demandan que se permita deducir donativos y aportaciones a la seguridad social

Es la única opción para aumentar la recaudación, responde la Secretaría de Hacienda

ENRIQUE MENDEZ

La propuesta del gobierno de Felipe Calderón de imponer la contribución empresarial a tasa única (CETU) encontró ayer fuerte oposición de industriales de los sectores tabacalero, agrícola, maquilador, de transporte de pasajeros e inversionistas en bienes raíces, quienes exigieron reducir la tasa sugerida de 16 por ciento y permitir que se deduzcan los donativos y las aportaciones de seguridad social, así como definir una etapa de transición.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que, como ese impuesto es considerado "la espina dorsal" de la propuesta de reforma fiscal, si los legisladores no la aprueban tal como está planteada "no habría otra opción" para incrementar la recaudación. "Si no se puede por el impuesto al valor agregado (IVA) o por el impuesto sobre la renta (ISR), ¿entonces por dónde?", preguntó el subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte.

Es decir, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, "nos queda claro que sin la CETU no hay reforma hacendaria". El legislador por el PRI incluso señaló que la diputación priísta revisa "los excesos" que contiene "y vamos a ver si eliminándolos todavía le interesa al gobierno".

Crece la oposición al nuevo impuesto

En tanto, los sectores obrero y campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron que con el nuevo impuesto se pretende gravar no sólo las utilidades, sino las prestaciones sociales de los trabajadores, además de que afectaría a los productores al incrementar el costo de los insumos agrícolas.

El coordinador de la bancada priísta, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que "si se lastiman las prestaciones laborales, el PRI no irá con esta votación; no vamos a dejar que la reforma lastime al campo para que siga retrocediendo y haya la enorme pobreza que existe".

La oposición a la CETU se reforzó inclusive en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) después de que el diputado perredista Antonio Soto provocó a los panistas al afirmar, ante los empresarios, que no tenían sentido sus reclamos porque el blanquiazul -como mayoría en el Congreso- aprobaría la iniciativa de Felipe Calderón.

El panista Emilio Ramón Flores, con experiencia como directivo de bancos, cayó en el garlito y tronó: "¡No somos tomapedidos del Ejecutivo! No hay que dar por hecho que estamos aquí para levantar la mano ni que vamos a aprobar lo que venga del Ejecutivo. Si estamos en el sexenio del empleo no vamos a apoyar aquello que lo inhiba".

Ante el incremento de las protestas, Sánchez Ugarte aseguró que si la tasa se reduce se obtendrán menos ingresos y no se alcanzarán las metas planteadas por el gobierno federal.

-¿Tienen un plan B en caso de que el Congreso modifique la tasa?

-Bueno, no. Lo que hay es plan A. Lo que sí pensamos es que hay ajustes que son justificables y no tienen impacto recaudatorio. Un nuevo gravamen como éste, obviamente, no sale perfecto.

La jornada de ayer para los funcionarios de Hacienda enviados a la Cámara de Diputados a defender el proyecto calderonista no fue una de las mejores. Desde la mañana enfrentaron críticas de los diputados del PAN, PRI y Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque no hay claridad sobre cómo se aplicará el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) propuesto para los juegos y sorteos en el caso de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos.

Críticas contra el IEPS

En la sesión matutina de las consultas de la Comisión de Hacienda, los legisladores también cuestionaron el IEPS de 50 por ciento que pretende aplicarse a las pinturas en aerosol. El priísta Horacio Garza reprochó a los subsecretarios que la función de Hacienda "no es combatir los daños a la ecología, sino recaudar".

Estas críticas permitieron que Sánchez Ugarte admitiera que el impuesto se trasladará al consumidor final mediante el precio de la pintura en aerosol, y señaló que ello le permitirá a Hacienda recaudar 300 millones de pesos, además del efecto "de disuasión de ciertas conductas contrarias al interés público".

Sin embargo, por la tarde, la representante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, Luz María del Carmen Guzmán, aseguró que "los vándalos" dedicados al graffiti no compran la pintura en los comercios, sino que la roban o la adquieren en el mercado informal, por lo que difícilmente pagarán el impuesto especial.

En todo caso, expuso, se castigará a un producto y no a una conducta, y se afectará la cadena productiva de una industria que produce 33.9 millones de botes de pintura -16.9 millones de litros-, con ventas de 848 millones de pesos al año.

"De esta cantidad -informó-, se estima que 1.8 por ciento de la fabricación es susceptible de ser utilizada por los vándalos para dañar propiedad ajena, y se castigará a 98.2 por ciento de los consumidores que sí pagan sus impuestos".

Advierten sobre competencia desleal

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de Cigatam y representante de Philip Morris y de la British American Tobacco expresó su rechazo al cobro estatal del IEPS al consumo de cigarros, porque se reditaría la competencia desleal que se da entre entidades en Estados Unidos, por lo que propuso sustituir la medida.

En lugar de que cada estado defina su propia tasa, planteó, el Congreso podría fijar una cuota fija para las 31 entidades y el Distrito Federal, así como cobrar el impuesto en la primera venta al momento en que el producto ingrese a los estados. Cobrarlo en la venta final, dijo, sería prácticamente imposible porque en el país existen 425 mil expendios donde se venden cigarros.

Pablo Limón, representante de la Cámara de Comercio de Canadá, cuestionó que no se consideren deducciones al pago de la CETU, pues no sólo se pretende gravar el salario, sino las inversiones en empleo, los donativos y los gastos en inversión y desarrollo.

A su vez, Aurelio Pérez Alonso, de la Cámara Nacional del Transporte de Pasaje y Turismo, lamentó que la tasa prevista para la contribución empresarial sea tan alta, en razón de que afectará sus inversiones y las utilidades del próximo año. Aseguró que el impuesto contra la informalidad también afectaría sus transacciones, pues 98 por ciento de sus ingresos son en efectivo y se depositan en bancos.

Critican ingreso de autos usados

Para cerrar la cascada de protestas contra la iniciativa presidencial, José Gómez Báez, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, expresó el disgusto del sector porque el ingreso de vehículos usados de Estados Unidos -autorizado por el gobierno de Vicente Fox- ya superó el volumen de ventas totales de la industria de autos nuevos desde 2005.

"Pagamos 25 por ciento de tenencia, el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) y el IVA, y la reforma que presenta la CETU nos afectaría sustancialmente", afirmó.

 
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