Hace unas semanas fue desconocido por el cabildo
Asesinan en Guerrero a síndico de origen perredista
Presencia de guerrilla y siembra de enervantes en Huixtlazala
Chilpancingo, Guerrero, 18 de julio. El director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Erit Montúfar Mendoza, informó que esta madrugada en la comunidad de Huixtlazala, municipio de Zapotitlán Tablas, ubicado en la Montaña Alta de Guerrero, fue asesinado el síndico procurador de extracción perredista Juan Ramírez Flores, de 40 años de edad.
Montúfar precisó que alrededor de las 2 de la mañana de hoy fue baleado el funcionario con varios impactos calibre 38 súper, sin que hasta el momento se conozca el paradero de los responsables. Entrevistado vía telefónica, el director de la policía explicó que en la comunidad de Huixtlazala ''al representante popular del PRD le asestaron seis impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax''.
Según Montúfar Mendoza, el síndico se encontraba en su domicilio, en Huixtlazala, cuando llegaron unos sujetos que lo sacaron de ahí, ''primero lo golpearon, y posteriormente lo ajusticiaron''.
Ramírez Flores era originario de esa comunidad tlapaneca que pertenece a este municipio indígena, con fuerte presencia de sembradíos de enervantes y guerrilla.
Hace apenas unas semanas Juan Ramírez fue desconocido por el cabildo de Zapotitlán Tablas como síndico procurador, debido a que indígenas de varias comunidades lo acusaron de presuntos actos de corrupción, por lo que fue denunciado ante el Congreso local.
Cabe recordar que en diciembre de 1990, indígenas tlapanecos originarios de Zapotitlán Tablas colgaron a siete presuntos asaltantes y violadores que saqueaban la región; en mayo de 2003, el alcalde panista, Silvino Moso Porfirio, ordenó el desalojo a tiros de un grupo de indígenas que mantenían tomada la comisaría municipal de la comunidad de Escalerilla Laguna, lo cual dejó un saldo de cinco muertos.
El dirigente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, condenó el crimen del síndico Juan Ramírez Flores, y demandó a la Procuraduría de Justicia del Estado que ordene una investigación a fondo para castigar a los culpables.