Usted está aquí: miércoles 25 de julio de 2007 Política David Cabañas: Calderón pretende abrir un "nuevo capítulo de la guerra sucia"

Ex miembros del PROCUP externan su preocupación por nuevas desapariciones

David Cabañas: Calderón pretende abrir un "nuevo capítulo de la guerra sucia"

BLANCHE PETRICH

Un grupo de ex guerrilleros del ya disuelto Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), organizados en la asociación política Izquierda Democrática Popular (IDP), representados por David Cabañas Barrientos e Italo Ricardo Díaz, alertaron sobre lo que consideran "claros indicios" de que el gobierno de Felipe Calderón pretende "abrir un nuevo capítulo de la guerra sucia" que golpeó al país en los años setenta, cuyo rasgo principal fue la desaparición forzada de centenares de ciudadanos.

Expresaron su preocupación de que operaciones encubiertas, como la que culminó con la desaparición de dos combatientes del EPR en Oaxaca hace ya dos meses, empiecen a golpear también a activistas y militantes de organizaciones populares. "Nuestro temor es que la detención-desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también identificado como Raymundo Rivera Bravo), el 25 de mayo en Oaxaca, sea una señal de que se ha iniciado la temporada de cacería en contra de activistas y militantes de organizaciones legales y legítimas, con el pretexto de que se trata de organizaciones de fachada. En ese sentido, nuestro colectivo de ex presos políticos podría ser un blanco prioritario para el aparato policiaco y militar encargado de estos operativos por nuestros propios antecedentes o incluso por vínculos familiares".

David Cabañas es hermano del legendario guerrerense Lucio Cabañas Barrientos. Fue detenido en 1990 por el cargo de haber participado en el asesinato de dos vigilantes de este diario, "desaparecido" durante diez días y preso durante ocho años más, antes de ser absuelto de todos los cargos, asegura:

"Nosotros venimos de esa experiencia de lucha armada y clandestinidad. También de la detención arbitraria, la tortura y el peligro de una desaparición. Compartimos filas con los compañeros en el pasado. Por eso nos sentimos moral y éticamente obligados a pronunciarnos".

Ambos aseguran que hoy en día los integrantes de IDP, que también se identifica como colectivo de ex presos, no tiene vínculo alguno con las organizaciones armadas que están activas actualmente.

Italo Díaz, quien a su vez fue aprehendido en 1991 durante lo que llama "una acción de propaganda" y fue liberado después de cumplir una condena de ocho años por asociación delictuosa y robo, explica que al salir de la cárcel, a finales de los noventa, los ex presos del PROCUP tomaron la decisión de "insertarnos en la vida legal y apostar por formas de lucha dentro de la vida política institucional".

Aclara: "Pero no somos vergonzantes de nuestro pasado; no somos detractores de una forma de lucha armada que de todos modos va a seguir existiendo en México mientras persistan las condiciones que le dieron origen."

Integran este colectivo, además de Cabañas y Díaz, Felipe Canseco Ruiz, Hermenegildo Torres Ruiz, Pablo Torres Hernández, Rubén Díaz, Ruy Venegas, Enrique Tehua y Bonifacio Ramírez.

La razón por la que ahora, en entrevista con este diario, dan un paso adelante, se identifican y se pronuncian en contra de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, es -aseguran- "por un imperativo ético y moral. Sabemos lo que hay detrás de la práctica de la desaparición, cuando un individuo es sustraído de todo contacto con la sociedad, cuando queda fuera del alcance de cualquier posibilidad de defensa o siquiera de observación de los organismos de derechos humanos, es víctima de todas las formas de tortura, de actitudes demenciales que utilizan los agentes del poder para obtener información."

Por ello, insisten, "queremos denunciar el peligro en el que están los dos desaparecidos. Las autoridades, en lugar de detenerlos y juzgarlos en el marco del estado de derecho, los niegan". Ambos desestiman la negativa de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca de haberlos detenido. "Sería absurdo que el EPR diera a conocer públicamente el nombre de dos de sus combatientes si fuera falsa su desaparición", afirma Cabañas.

Italo Díaz, por su parte, explica que aunque en el presente no hay vínculos políticos entre quienes hoy en día integran el EPR y los ex presos del PROCUP, sí persisten, en algunos casos, lazos familiares. Es el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hermano de Tiburcio Cruz, padre de los hermanos Cerezo, dos de los cuales (Héctor y Antonio) todavía siguen en prisiones de máxima seguridad. La esposa de Tiburcio Cruz es, a su vez, hermana de Felipe Canseco, abogado oaxaqueño y miembro del colectivo de ex presos políticos del PROCUP. "Pero el Estado no tiene derecho a perseguir a las familias ni a criminalizar las relaciones de parentesco." Cabañas y Díaz rechazan enfáticamente que IDP sea un organismo de fachada de grupos armados. "Ese es el pretexto que usan las fuerzas represivas. Lo mismo han dicho del Frente Popular de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco o de la misma Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Si el gobierno tiene sospechas de que así es, de que estas organizaciones populares encubren a organizaciones guerrilleras, pues que empiecen por investigarlo, por demostrarlo y presentar pruebas, y no al revés. Primero arrestan y torturan y con el tormento obtienen cualquier información que luego usan para justificarse", dice Cabañas.

Añade Díaz: "Lo grave es que ahora han pasado a la fase no de detener, sino de desaparecer. Mientras más tiempo pasa, más complicado resulta presentar con vida a los compañeros desaparecidos".

Es así como se explica, dicen, el comunicado del 10 julio, en el cual el EPR reivindicó como "acciones quirúrgicas" los atentados dinamiteros en instalaciones de Pemex. "Lo entendemos como una acción urgente para salvar vidas humanas", señalan.

Ambos insisten en las diferencias de estrategia y concepción que actualmente existen entre la IDP, que dos veces intentó ante el Instituto Federal Electoral obtener su registro como partido político, y el EPR, que en 1996, mediante la llamada Declaración de la Sierra Madre Oriental, anunció la fusión de 14 organizaciones armadas: "Tenemos horizontes y formas de percibir las cosas muy distintas. Al salir de prisión analizamos y concluimos que las condiciones del país eran distintas, que había espacio para la acción política legal. Pero eso no cambia ciertas cosas esenciales: estamos totalmente en contra de la desaparición y de la tortura. Exigimos que a los desaparecidos les sean aplicadas las leyes internacionales sobre prisioneros de guerra."

 
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