Afirman en San Lázaro que habrá periodo extra para aprobar la reforma fiscal

A todo vapor, el cabildeo empresarial contra la tasa de 19% de la CETU

Representantes patronales acuden a Xicoténcatl

VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL

Ante los reclamos de los organismos cúpula de los sectores industrial y empresarial, que demandaron reducir la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) de 19 a 12 por ciento, porque de lo contrario "se ponen en riesgo las inversiones y el empleo", el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado les manifestó: "Vamos a proponerle a la Secretaría de Hacienda que hasta el nombre de esta contribución sea modificado".

En una larga reunión, representantes de los más importantes organismos empresariales manifestaron ante los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de la República que dicho impuesto no sólo presenta "fallas de redacción, sino además tiene problemas constitucionales".

El senador Gustavo Madero, panista y presidente de dicha comisión, expresó que ante los reclamos del sector empresarial "vamos a proponer a Hacienda una revisión, incluso vamos a plantear que hasta el nombre sea modificado para bien de la misma iniciativa de reforma, porque hemos recibido comentarios acerca de que se debe diferenciar lo que son contribuciones, derechos y otros temas particulares".

Y añadió: "Que no nos espanten estas propuestas; son para mejorar el proyecto. Estamos en la fase final del periodo de audiencias y, en general, advertimos que hay un reconocimiento de la contribución, pero hay que conciliar la recaudación con la promoción de la inversión".

Antes, Ignacio Valdés, del comité fiscal del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, dijo que a este sector le afecta la CETU, porque "80 por ciento del problema se ubica en las nóminas, por lo cual la empresa tendrá que asumir 19 por ciento del impuesto que el trabajador no puede pagar".

Resaltó que más de 50 por ciento de los salarios de la industria maquiladora está por arriba de 8 mil pesos mensuales, y recalcó que ese sector genera 25 mil millones de dólares anuales, "que son los que ayudan a nivelar las balanzas comercial y de pagos".

"Representamos 40 por ciento de la producción nacional. Lo que se quiere gravar con la CETU es, precisamente, la producción", subrayó.

Recordó que en 2006 esta industria generó 3 mil millones de dólares de inversión, y de 1994 hasta el año pasado llegaron al país por esa vía 27 mil millones de dólares. "Ya se hizo daño a la industria. Entre más nos tardemos en dar una señal positiva de que queremos fomentar el empleo y la inversión, le haremos más daño, porque las inversiones están detenidas", añadió.

Rodrigo Traconiz, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, demandó también un nivel máximo de 12 por ciento para la CETU. Consideró que las tasas propuestas en la reforma fiscal son elevadas y generan pérdida de competitividad, además de que ponen en riesgo las inversiones y el empleo.

Los empresarios expusieron: "Tenemos entendido que la CETU no es reconocida para acreditar el pago de impuesto en otros países; de ser así, nos veríamos afectados." Por ello pidieron cautela y revisar a detalle que no se graven las prestaciones, la seguridad social y otros rubros que hoy tienen trato especial.

Por la noche, los dirigentes de 15 asociaciones filantrópicas, entre las más importantes del país, que estuvieron representadas por Claudio X. González, Estaban Moctezuma Barragán, José Ignacio Morales Lechuga, Fernando Castro y Castro, Daniel Goñi Díaz, Guadalupe Alejandre Castillo y Sergio Gómez Sánchez, entre otros, en reunión con el grupo parlamentario del PRI demandaron frenar la pretensión del Ejecutivo de considerarlas en la CETU, es decir, no quieren que se grave a las instituciones caritativas por los donativos e ingresos que perciban.

Señalaron que de cobrárseles la nueva contribución, prácticamente "se convertirá a las instituciones de beneficencia social en empresas".

* Entre 15 y 30 de agosto se definiría la situación; FAP y CCE presentan alternativas

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Los principales grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados coincidieron en señalar que aprobarán la reforma fiscal durante un periodo extraordinario de sesiones, a celebrarse del 15 al 30 de agosto próximo.

Durante la reunión de la Comisión de Hacienda, que analiza distintas propuestas y escenarios en torno al citadao proyecto, por vez primera se definió la celebración del citado periodo extraordinario, con el propósito de abordar los temas fiscales y hacendarios.

En el encuentro, el PRD presentó la iniciativa de reforma hacendaria del Frente Amplio Progresista (FAP), la cual fue bien vista por el PAN y el PRI en San Lázaro. También el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó un análisis en torno a los temas de la consolidación fiscal, competitividad e impuestos diferidos.

Juan Guerra Ochoa, vicecoordinador del partido del sol azteca, aseveró que la reforma fiscal "va a salir en un periodo extraordinario de sesiones en agosto, antes de septiembre El gobierno no tiene otra opción: le urge el asunto de la reforma; tiene vencimientos de pagos el año próximo en Pidiregas y otras deudas. No tiene otra opción, y si tiene que hacer acuerdos y modificaciones, los hará".

Pablo Trejo, por su parte, integrante del grupo parlamentario del PRD, planteó que la iniciativa del FAP pretende recaudar 5 por ciento del producto interno bruto, reducir en cien mil millones de pesos el monto del gasto corriente del gobierno federal para 2008 y eliminar gastos suntuarios, burocráticos y privilegios clientelares.

En el documento se plasma un agresivo programa de auditorías para afrontar la corrupción gubernamental y se rechaza la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), a cambio de gravar los ingresos reales de los grandes contribuyentes.

Tal planteamiento fue asumido favorablemente para su causa por el panista Ricardo Rodríguez Jiménez, quien aseguró que a su partido le resulta "grata" la posición del FAP de adherirse a la dinámica del proceso para sacar adelante una reforma hacendaria:

"Es importante, para los fines que se persiguen, que el FAP haya presentado su propuesta, para que se compare con la del Ejecutivo federal y así encontrar las soluciones que mejor convengan al país."

Sin ocultar su satisfacción, el legislador Rodríguez Jiménez insistió en que Acción Nacional se ha dado a la tarea de analizar la propuesta alterna del FAP y se ha comprometido a sumarla a la del Ejecutivo federal, junto con las aportaciones de los demás grupos parlamentarios, para su consideración en el momento de dictaminar.

El perredista Antonio Soto solicitó a la Comisión de Hacienda dar a la iniciativa del FAP un trato similar a la del Ejecutivo.

"Las iniciativas valen lo mismo, vengan de donde vengan. Estamos discutiendo la iniciativa del Ejecutivo, pero no se ha hecho lo mismo con la del FAP. Tiene que haber un proceso de análisis y debate para aprobarse o rechazarse", puntualizó.

En ese tono, los priístas Horacio Garza e Ismael Ordaz coincidieron con la petición del PRD para que el resto de las fuerzas políticas en San Lázaro no veten la iniciativa del Frente Amplio.

"A título personal, estoy de acuerdo en que esa iniciativa debe de tener el mismo trato y no caer en el criterio de ésta sí y ésta no. La iniciativa presentada por un grupo parlamentario merece el respeto de todas las demás fracciones", recalcó.

Al igual que Juan Guerra, el perredista Antonio Soto coincidió en la necesidad de programar un periodo extraordinario de sesiones para resolver el tema fiscal:

"Me parece muy importante que pueda salir entre el 15 y el 30 de agosto. De no ser así va a haber serias dificultades. Están muy ajustados los tiempos. Todavía no logramos consultar y tener las opiniones de todos los sectores. Aún no hemos profundizado en las iniciativas de reformas, entre ellas una de modificación al artículo 73 constitucional".

Los argumentos del CCE

Antes, representantes del CCE presentaron sus criterios en torno al régimen de consolidación fiscal, a la competitividad y a los impuestos diferidos.

Sobre el primer punto, el CCE la define "el reconocimiento a un conjunto de empresas con personalidad jurídica distinta, pertenecientes a un mismo grupo de interés económico, como una sola entidad para fines fiscales".

A decir de ese órgano empresarial, existen diferentes formas en el mundo para tratar a los grupos de empresas como unidades económicas, lo cual permite concentrar resultados, ya sea por medio de sumar utilidades y pérdidas, o bien cuando las compañías ganadoras utilicen pérdidas de las perdedoras del grupo para concentrar resultados.

Según el organismo patronal, la consolidación implica, efectivamente, concentrar a nivel de controladoras los resultados de las empresas del grupo: "se requieren participaciones mínimas; en todos los casos se consolida el ciento por ciento excepto en México, y se permite el libre flujo de efectivo mientras no salga del grupo. Lo tienen países de recaudación alta, como Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda y Luxemburgo".

La contribución del grupo, defendida por el CCE, permite que empresas que tienen utilidades utilicen pérdidas, y que las que tienen pérdidas tomen utilidades.

De esa forma actuaría la transferencia de grupo, para que las pérdidas de una empresa se transfieran a otra del mismo grupo y el traspaso se realice sin que la compañía perdedora acumule ingresos.

Por lo que hace a los impuestos diferidos, a los que define como aquellos derivados de diferencias entre los criterios contables y fiscales, clasifica los permanentes, considerados gastos no deducibles, y los temporales como pérdidas fiscales.