Escandalosas sentencias de juez homófobo
En Murcia, niega a lesbianas la adopción de una niña y la custodia de dos hijas
Madrid, 25 de julio. El juez de familia Fernando Ferrín Calamita tiene dos libros de cabecera: la Biblia y Camino, el dispensario que escribió José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que sirve de guía a los seguidores de esta poderosa organización ultracatólica. Este magistrado, lejos de nutrirse de la doctrina jurídica aprobada en el Parlamento español para redactar sus sentencias y resoluciones, prima los "valores morales" de su "conciencia", siempre en consonancia con los dogmas de la Iglesia católica. Con este esquema de trabajo, el juez de Murcia ha dictado recientemente dos sentencias controvertidas y de difícil encaje constitucional: negó a una mujer la custodia de sus dos hijas por su condición "lesbiana" y, la segunda, ha ido retrasando hasta la exasperación el proceso legal de adopción de la hija de una pareja de lesbianas.
Ferrín Calamita inició su carrera judicial en 1987, en Chiclana, Cádiz, donde también comenzó su polémica trayectoria: unas semanas después de asumir el cargo como juez ordenó el arresto de dos mujeres que se bañaban en la playa sin la parte superior del traje de baño, con el argumento de que le "molestaban". Esta práctica, que en ningún caso estaba prohibida por la ley, obligó a esas dos jóvenes a pasar tres días en el calabozo.
Pero este magistrado tiene, además de las bañistas en topless, otras fobias que despliega sin pudor en su condición de magistrado. La aprobación en España de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005, introdujo cambios sustanciales en el Código Civil, entre ellos la equiparación de derechos y obligaciones de los homosexuales con los heterosexuales. Sin embargo, el juez Ferrín Calamita se niega a acatar esta doctrina, según se lee en sus sentencias.
El juez de familia de Murcia ha provocado la "alarma" en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, que lo ven como una "amenaza pública" que no debería fungir como la persona responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación. Una de las razones de la indignación son las reiteradas afirmaciones homófobas que escribe sin tapujos en sus resoluciones, en las que llega incluso a equiparar la homosexualidad con "la condición de toxicómano, pederasta, prostituta y la pertenencia a una secta satánica".
Este controvertido juez está siendo investigado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por al menos tres casos que pasaron por su despacho, de los cuales se conocen sólo dos. El primero es el que afecta a la pareja formada por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, quienes, después de varios años de relación, decidieron tener una hija por inseminación artificial, Candela, de 15 meses. Una vez aprobada la nueva ley del matrimonio homosexual decidieron formalizar su enlace con el objetivo prioritario de garantizar que la pequeña Candela estuviera protegida legalmente en el caso de que le pasara algo a su madre biológica. Este trámite, que han realizado ya centenares de parejas desde 2005, requiere sólo de un proceso burocrático; sin embargo el juez ha decidido retrasar hasta la exasperación la aprobación del documento que formalizaría legalmente que Candela tiene dos madres. Sus argumentos para reclamar informes a todos los sicólogos de la Dirección General de la Familia de Murcia, y así retrasar su decisión, son los siguientes: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia normal, compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario? ¿Es irrelevante, desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor, que los progenitores, biológico o adoptivo, con quienes aquél diariamente convive, sean o no del mismo sexo? ¿No es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?", sostiene en uno de sus autos el juez Ferrín Calamita.
El segundo caso que está siendo objeto de estudio para dictaminar si este magistrado ha incurrido en una "falta grave" en el ejercicio de su labor es el de un proceso de divorcio. Al parecer, el marido presentó una denuncia en la que solicitaba el divorcio de su cónyuge, que justificó con el argumento de que ésta le había sido infiel con otra mujer y que además las había encontrado in fraganti en su propio domicilio. El marido reclamó, al igual que la madre, la custodia de sus dos hijas. El juez Ferrín dictaminó entonces: "Al considerar que la orientación homosexual de uno de los progenitores sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre".
Esta sentencia se convirtió en la primera en la historia de España en la que se quitaba la custodia a una madre por motivos de su orientación sexual, algo que según los expertos en derecho vulnera los preceptos de la Constitución de 1978, que establece que ninguna persona podrá ser discriminada por su orientación sexual. Pero el juez añadió más argumentos a su peculiar razonamiento: "Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor". Y a continuación se pregunta: "¿Por qué la condición homosexual perjudica a los hijos? En definitiva porque los hijos tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. No hace falta siquiera para ello ser especialista: el sentido común (que a veces es el menos común de los sentidos) así lo dice. El hombre y la mujer son complementarios entre sí. Dos hombres o dos mujeres no."
Así que el juez concluye que "la madre tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja" si quiere recuperar la custodia de sus hijas.
El proceder de este magistrado seguidor del Opus Dei será analizado en los próximos días en el seno del CGPJ, que le abrió un expediente por "falta grave" bajo la sospecha de que éste habría incurrido en la utilización de "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". En el caso de que sea condenado por falta grave únicamente tendrá que pagar una multa de entre 300 y 3 mil euros, aunque también podría ser sometido, a petición de algunos vocales del órgano judicial, a una serie de pruebas para "verificar su salud síquica".