Reporte Económico
Reforma Hacendaria versión 2007 (3)
Lo único inaceptable en la actual discusión fiscal sería no lograr ningún avance. Obvia-mente a ningún partido de oposición le gusta la idea de facilitarle recursos a un gobierno que no es capaz ni siquiera de proponer cambios hacendarios sustantivos, pero ello puede enmendarse si se asegura el destino de los nuevos recursos que entren al erario. Coincidimos en señalar que hoy un avance realista en la dirección correcta sería enfocar específicamente el impuesto sobre la renta (ISR).
El ISR alcanzó su maduración en el siglo pasado, universalizándose su uso y hoy, a pesar de los embates del capital y de sus detractores que impulsan su reducción y sustitución por impuestos especiales e indirectos (al consumo principalmente), este gravámen sigue siendo (bien aplicado) el impuesto eje de las economías avanzadas, el más completo, equitativo y redistributivo de todos los existentes.
Como hemos visto en esta serie, el sistema fiscal mexicano es de una enorme ineficiencia, tanto por razones de su estructura institucional y operativa, como por su manejo discrecional y la maraña de leyes, reglamentos, excepciones y válvulas de escape que lo caracterizan.
En el caso específico del ISR, el promedio de captación en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que México pertenece, es de 13% del producto interno bruto (PIB), porcentaje que bien puede ser el objetivo para la renovación fiscal de este año, esto es, incrementar en 8 puntos porcentuales la baja captación que se tiene actualmente (5.0% del PIB). Meta incluso modesta frente a 15% que capta Canadá, 18% de Bélgica y Suecia, 19% de Noruega, o 28% de Dinamarca.
En concreto, consideramos que una restructuración para hacer eficiente la recaudación del ISR podría enfocarse en los siguientes elementos:
ISR para personas físicas
1) El objetivo cuantitativo sería elevar la captación de 3.0% actual del PIB a 9.5% (promedio de los países de la OCDE).
2) El objetivo cualitativo sería la equidad fiscal y la redistribución del ingreso. En un país de enorme desigualdad como México, donde el 10% de los hogares en la parte superior de la escala capta tanto ingreso como 65% de los hogares en la parte inferior, es lógico que la carga impositiva debe adecuarse equitativamente a tales disparidades, aunque también a la universalidad de la obligación impositiva, siendo, por tanto, necesario:
a) Que la obligación de registrarse como causante (potencial o activo) y declarar trimestralmente sea universal a partir de la mayoría de edad o del primer ingreso por trabajo o capital.
b) Reconfigurar la estructura de tasas progresivas aplicables al ingreso con una escala desde cero para no ingresos y tasas simbólicas para ingresos muy bajos, hasta una tasa máxima de 60% para ingresos superiores a 50 millones de pesos mensuales (600 millones anuales). Cabe recordar que esta tasa máxima no es muy distante a la de 59% sobre el ingreso personal que aplica Dinamarca, 52% de los Países Bajos, el 50% de Austria o Bélgica; 49% de Israel; 48% de Francia, o 45% de China, pero sí eleva al doble la escueta tasa tope actual de México de 28%.
c) Esta reconfiguración de tasas progresivas debe darse con una escala lineal, simple, de fácil cálculo sin las complicaciones de cuotas fijas y tasas marginales, y debería también hacer posible aligerar la carga de los ingresos medios que son los que soportan el peso fiscal. Esta escala regiría como ahora para los asalariados, para quienes prestan servicios profesionales, los trabajadores independientes y para las personas físicas con actividad empresarial.
d) Para que este gravamen sea efectivo y justo, es necesario que el ingreso gravable de las personas físicas acumule todo tipo de ingresos, incluyendo las ganancias de capital, a las cuales se les disminuirá el ISR pagado sobre las ganancias de las empresas en el caso de dividendos. Las ganancias financieras (bancarias, de acciones, de valores, etcétera) sólo serían acumulables para fines del ISR de las personas físicas a partir de la inflación (Udis) + 3 puntos, a fin de proteger el ahorro genuino y sólo gravar las ganancias excesivas o especulativas.
3) Captación efectiva. Es necesario hacer las cargas impositivas plenamente efectivas, esto es, reduciendo a cero o al mínimo las deducciones autorizadas, cerrando las posibilidades de evasión y elusión, y afinando la supervisión especialmente sobre los altos ingresos.
4) Simplificación. El proceso de cálculo, declaración y pago de impuestos debe simplificarse al máximo, hacerse trimestral, acumulativo, anualizado y con un mínimo de devoluciones, ya que se pagaría lo (teóricamente) exacto al final del año. Esto incluye desde luego que el pago de impuestos sea ágil, fácil y sin costo; si el gobierno quiere seguir usando el sistema bancario para el cobro de impuestos, ello debe hacerse sin costo alguno para los causantes, sean personas físicas o empresas.
5) La conjunción de tasas justas, simplificación y supervisión (más la transparencia y buen uso de los fondos), deberá crear una conciencia de cumplimiento fiscal, de obligaciones y derechos, en la ciudadanía.
ISR para empresas
1) El objetivo cuantitativo sería elevar la captación del actual 1.9% del PIB a 3.5% (promedio de los países de la OCDE).
2) Se sugiere establecer una tasa dual para alentar la inversión: de 30% para las ganancias de las empresas que no distribuyan utilidades y las reinvierntan en la propia empresa, en actividades productivas, o en "bonos fiscales" de interés cero o mínimo emitidos al efecto por el gobierno; y de 35% para las utilidades distribuidas a los accionistas. Estas tasas serían desde luego superiores al 28% actual, pero aun así competitivas con las de múltiples países donde, como ya vimos, llegan a 35% (Argentina, España y Estados Unidos); a 34 de Bélgica, India y Venezuela; a 33 de Francia, Italia y Nueva Zelanda; o a 31% de Israel.
3) Pago efectivo. Es necesario revisar y cancelar (o minimizar) los tratamientos especiales o preferenciales, las exenciones, las deducciones y los subsidios existentes, así como cerrar las facilidades de elusión y evasión que actualmente se dan mediante operaciones con facturación alterada intracorporativos; operaciones financieras, importaciones trianguladas y traslado de utilidades a paraísos fiscales; consolidación fiscal corporativa, y otras prácticas permitidas por la legislación vigente. Toda institución privada con ganancias debe pagar el ISR. La filantropía es plausible cuando se ayuda a otros con recursos propios, no así cuando se trata de filantropía con sombrero ajeno (con cargo al fisco).
4) Afinar un tratamiento diferenciado para el ISR:
a) Grandes empresas (con ventas de 5 millones de pesos o más al año). Se aplicaría el cálculo pleno del ISR revisado y, en su caso, las tasas de 30-35% propuestas.
b) Empresas medianas (con ventas de medio millón a 5 millones de pesos anuales). Podrían optar por el ISR pleno o por simplificado (tipo CETU), siempre y cuando la tasa efectiva de éste último signifique un pago equivalente a la o las tasas que se apliquen al ISR pleno. Se trata de simplificar el cálculo, no de disminuir el impuesto.
c) Micro y pequeñas empresas (con ventas de hasta 500 mil pesos anuales). Para éstas bastarían uno o dos regímenes optativos simplificados al máximo (un porcentaje sobre ventas, pagos fijos, escala para personas físicas, o algún otro similar). También para el campo es procedente mantener un régimen de excepción, salvo en los casos de plantaciones y criaderos industriales clasificables como grandes empresas.
El destino de los recursos
Hablar de una posible captación adicional vía ISR cercana a 8% del PIB es hablar de grandes sumas, unos 800 mil millones de pesos, 35% del presupuesto federal de este año y más de cuatro veces la captación esperada con el CETU del gobierno (1.8% del PIB).
Asegurar su buen uso es vital. De ningún modo es aceptable que vayan a favorecer el derroche de la alta burocracia, su enriquecimiento, cualquier uso partidista, o la creación de organismos y puestos inútiles para la sociedad. Consideramos por ello muy pertinente la propuesta de no sólo etiquetar el destino de los nuevos recursos que se capten, sino también de rescatar del despilfarro actual cerca de 100 mil millones de pesos mediante medidas de austeridad, como límites a los sueldos de la alta burocracia (sugerimos un tope máximo de 50 veces el salario mínimo; en Europa es de 10 veces aproximadamente), a las prestaciones, pensiones especiales, gastos y otros rubros.
Si bien habrá pagos y obligaciones ineludibles, el grueso de los recursos debería ir a reactivar la economía y generar empleo: a proyectos de energía e infraestructura productiva, a dinamizar el abasto y el mercado interno, y al apoyo de los pequeños y medianos productores del campo, la industria y los servicios.
Respecto de Pemex, consideramos que sin una restructuración previa no se le debe modificar su régimen fiscal, pero sí asignarle recursos suficientes por la vía presupuestal y bajo estrecha vigilancia para proyectos e inversiones productivas.
Muchos cambios quedarían pendientes para reformar efectiva e integralmente la hacienda pública -entre ellos la urgente segregación del Servicio de Administración Tributaria de la órbita de Hacienda y de la manipulación política- y muchos más para la necesaria reforma económica, pero lograr hoy la restructuración del ISR y el uso adecuado de los recursos, así como reforzar los derechos del contribuyente, sería un beneficio mayúsculo para la nación.
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