Editorial
Deuda pública y presiones políticas
Por fortuna para las finanzas públicas del Distrito Federal y de la convivencia institucional en el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó de obstaculizar ayer la gestión emprendida por el gobierno capitalino para refinanciar su deuda en términos sumamente ventajosos para la propia autoridad, para la ciudad y para sus habitantes, y otorgó, prácticamente en el último minuto, el aval para que la autoridad local amplíe a 30 años los vencimientos de créditos por casi 40 mil millones de pesos, en un conjunto de operaciones que permitirán obtener un ahorro aproximado de mil 500 millones de pesos que podrán ser destinados a obras de infraestructura y programas sociales. De esta forma se despejó la ominosa perspectiva de que el gobierno federal saboteara el refinanciamiento y prosiguiera, por esa vía, su abierta ofensiva contra las instituciones y contra la población del Distrito Federal.
Para poner las cosas en perspectiva, debe recordarse que el Ejecutivo local emprendió, en mayo pasado, negociaciones con una docena de entidades financieras para lograr un refinanciamiento que permitiera aprovechar la tendencia a la baja de las tasas de interés. Logró una propuesta de reorganización de los créditos (que vencía ayer, último día de julio), y el 8 de junio la Secretaría de Finanzas local envió a la SHCP el portafolio correspondiente para que otorgara su aval, como lo exige la legislación excepcional y discriminatoria que rige las finanzas del Distrito Federal. La dependencia encabezada por Agustín Carstens se comprometió a responder en 10 días. Como al final de ese lapso no hubo más respuesta que el silencio, las autoridades capitalinas volvieron a dirigirse a las federales en tres ocasiones: el 11, el 19 y el 29 de julio, sin resultado. El día 30, a 24 horas de que finalizara el plazo para concluir las negociaciones, el propio Felipe Calderón dijo haber girado instrucciones a Carstens para que "analizara" la propuesta capitalina, y no fue sino hasta entonces que estableció diversas condiciones fuera de lugar para otorgar luz verde al refinanciamiento. Por añadidura, la oficina de Carstens emitió un comunicado en el que se refirió a una imaginaria "situación de gravedad" financiera y mintió a la opinión pública al señalar que se requería "rescatar la viabilidad de las finanzas públicas de la ciudad".
Todavía ayer por la mañana, a unas horas de que venciera el plazo para el refinanciamiento, altos funcionarios de la SHCP jugaban a tomarse su tiempo y esgrimían la importancia de "ser cuidados con las definiciones" y de "analizar" una propuesta que se encontraba sobre sus escritorios desde 50 días antes.
A fin de cuentas, la dependencia otorgó el aval, el refinanciamiento se hará posible y se logrará, de esa forma, aumentar y optimizar los recursos públicos del Distrito Federal.
Sin embargo, a lo largo del episodio el calderonismo hizo gala, una vez más, de faccionalismo, inmadurez y escasa responsabilidad. Se hizo evidente que el otorgamiento del aval daba al Ejecutivo federal una oportunidad para esgrimir sus atribuciones legales sin más propósito que el de amenazar, hostigar y hacer pasar al Distrito Federal bajo las horcas caudinas de unas potestades presidenciales heredadas de los viejos protectorados autoritarios que el régimen priísta ejercía sobre la ciudadanía capitalina. Al mismo tiempo, se evidenció que los propósitos de colaboración emanados de Los Pinos son mera retórica, que persiste la animadversión contra las autoridades del Distrito Federal y que sigue en pie la determinación de usar las funciones gubernamentales para castigar a una ciudadanía que, en los comicios presidenciales del año pasado, dio la mayoría absoluta de sus votos a Andrés Manuel López Obrador.