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Ilán Semo

¿Quién mató al emperador?

Hace 150 años, el Congreso Constituyente de 1857 formuló la Carta Magna que habría de regir el orden jurídico del país durante las siguientes seis décadas, hasta 1917. Es costumbre afirmar que a la promulgación de esa Constitución se debe, en gran medida, el conflicto que desembocaría en el envío de tropas a playas mexicanas en 1861. En rigor, es una afirmación que nadie se ha molestado en corroborar. Es difícil imaginar que a los liberales del 57 les haya pasado por la cabeza en algún momento la menor intuición de que cuatro años después tendrían que enfrentarse a una de las mayores (y mejor entrenadas) maquinarias militares de la época. Dice Montaigne que las grandes reformas son como el amor: se sabe dónde comienzan pero no cómo ni cuándo terminan. Sin esta elemental incertidumbre, el destino sería un simple tabulador de expectativas predecibles.

Las estaciones de esa involuntaria historia son conocidas. El general conservador Zuloaga se levanta contra el gobierno, disuelve el Congreso, declara inválida la Constitución y aprehende a Juárez, que había sido nombrado jefe de la Suprema Corte de Justicia, cargo que lo encaminaba hacia la Presidencia en caso de ausencia del titular. El mismo Comonfort libera a Juárez, que huye hacia el norte, donde los liberales lo proclaman mandatario. El país tiene dos presidentes (una escena que un ex candidato presidencial quiso repetir en 2006). Se desata la guerra civil (una escena que ya no se repitió en 2006). El triunfo de los liberales en 1861 causó tales estragos en la hacienda pública que, meses después, Juárez debe decretar una moratoria para sortear la quiebra presupuestal. Semanas después, en la convención de Londres, representantes de la reina Isabel II (España), la reina Victoria (Gran Bretaña) y Napoleón III (Francia) acuerdan intervenir militarmente en México para cobrar las deudas.

En el imaginario europeo del siglo XIX, enviar una expedición militar a castigar, primero, y después a colonizar un territorio no ocupado por alguna de las grandes potencias forma parte del inventario habitual de la geopolítica de la época. Business as usual. Sólo que en el caso mexicano hay un ingrediente singular: la Guerra de Secesión que estalló desde abril en Estados Unidos. No es ninguna casualidad que la incursión europea en México y la rebelión de los 11 estados confederados contra el Norte coincidan en el tiempo. Los ejércitos del Sur reciben el apoyo logístico y financiero de las principales naciones europeas, mientras que en México se erige un nuevo imperio que finca a la monarquía como forma restaurada del orden social. El plan es rodear y ahorcar a esa nueva y emergente potencia, cuya organización política Tocqueville vindica para Europa. La ocupación de México resulta una pieza clave de esta estrategia, como lo muestran, por ejemplo, los estudios de Kenneth M. Stampp (The causes of the Civil War es el más elocuente)

Lincoln apoya a Juárez porque se juega la retaguardia entera de una guerra donde los norteños luchan por la sobrevivencia misma de Estados Unidos. Juárez apoya a Lincoln -y cede una infinidad- porque se juega la vida de la República.

Cuando en 1867 las tropas liberales toman preso a Maximiliano el dilema es qué hacer con el fallido emperador. En otras palabras: el regicidio de un monarca que apenas empezaba a calzarse la corona. Toda la documentación oficial muestra que es el mismo Juárez quien se decide por un juicio sumario. La razón no necesariamente pública que ofrece es que sólo la muerte de Maximiliano aseguraría la posibilidad de la paz civil en México. De lo contrario, las venganzas contra los conservadores no se detendrían. En rigor, nunca se detuvieron. Uno de los capítulos que faltan por escribir en esa historia es la masacre de conservadores que siguió a la terminación de la Intervención, masacre provocada por conflictos locales, la ambición de hacerse de propiedades de quienes apoyaron la Intervención, etcétera.

¿Pero qué muestran los documentos estadunidenses? Washington estaba radicalmente dividido en torno al destino de Maximiliano. Andrew Johnson, el presidente, extendió una esquiva solicitud de clemencia. Edwin Stanton, el poderoso hombre del ejército, simpatizaba abiertamente con Juárez, al igual que la mayoría de los oficiales que habían provisto el apoyo al Ejército Mexicano. Es obvio que a Juárez le habría convenido mucho más negociar a Maximiliano que fusilarlo. Pero quien quería demostrar que los europeos no tenían ya nada que hacer en las Américas era la parte dura y radical de la política estadunidense. ¿Un ajuste de cuentas con el apoyo a los sureños? Tal vez Juárez no tomó tan en la soledad, como suele contar la leyenda, la decisión de terminar con Maximiliano.

 
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