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Por un lado niegan que sean ilegales los paros que se realizan en varios yacimientos

Autoridades judiciales incrementan el encono entre grupos mineros rivales

A la vez, facultan a empresarios a usar la fuerza pública para romper las protestas

PATRICIA MUÑOZ, ALFREDO MENDEZ

El sindicato minero podrá continuar por tiempo indefinido las huelgas estalladas en las secciones 17, de Industrial Minera México en Taxco, Guerrero, y en la 65, de Mexicana de Cananea, en Sonora, ya que los juzgados sexto y quinto en materia laboral otorgaron "suspensiones definitivas" al laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en el que se calificaba como ilegales estos paros.

Para este jueves se prevé que el juzgado tercero emita la resolución correspondiente a la sección 201 Unidad San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, la cual también está en paro desde el pasado 30 de junio, como las otras dos secciones.

Trascendió en fuentes de los juzgados que también se emitirá una "suspensión definitiva" para este caso.

Con base en estas resoluciones queda anulada la decisión de la junta de declarar ilegal el paro. Además "se resguardan los derechos y los intereses jurídicos de los trabajadores, y se sigue en huelga hasta que existan condiciones seguras para trabajar y se revisen los contratos colectivos de trabajo", sostuvo el sindicato minero.

Sin embargo, la disputa legal por estas huelgas lejos de resolverse continúa. Ayer, el representante legal de Grupo México, Salvador Rocha, planteó que en las resoluciones emitidas por los jueces también señalan que los trabajadores que "no quieran continuar el paro y quieran reiniciar actividades lo podrán hacer".

El representante dijo que inclusive la empresa está facultada para "pedir el uso de la fuerza pública con el propósito de permitir el acceso del personal a los centros laborales, si los sindicalizados determinan no desbloquear las entradas". Es decir, Grupo México no reconoce la determinación legal de que pueden continuar las huelgas y en cambio se apresta a reiniciar actividades en las minas de su propiedad que están en paro, según declaró Rocha.

En este sentido, Carlos de Buen, abogado del sindicato minero estableció que esto puede derivar en un enfrentamiento entre los trabajadores que están en favor de la huelga, que son obviamente la mayoría, contra unos cuantos, que han firmado una adhesión a un sindicato blanco.

Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del sindicato minero, planteó que la totalidad de los trabajadores apoya la huelga y sólo algunos esquiroles, comandados por un ex trabajador llamado Francisco Hernández Gámez, querrían romper este movimiento, pero no lo van a permitir, porque se trata de unos cuantos trabajadores "comprados" por la empresa, los cuales supuestamente están afiliados a un sindicato inexistente.

El abogado del sindicato minero para cuestiones laborales, Néstor de Buen, explicó que "las suspensiones definitivas" emitidas ayer por dos juzgados permitirán a los trabajadores continuar legalmente en huelga hasta mediados del próximo mes, cuando se estima que se resolverá este asunto en una "audiencia incidental".

En dicha audiencia se revisarán de nueva cuenta los argumentos tanto de la empresa como del sindicato para determinar cuál de las dos partes tiene razón. Esto es porque el sindicato también pidió un juicio de garantías en el que reclama la protección de la justicia federal, el cual se tendrá que desahogar.

Por lo pronto los órganos jurisdiccionales fijaron una fianza de 20 mil pesos por cada uno de los tres juicios abiertos y deberán ser garantizados en los próximos tres días hábiles por el sindicato minero.

Juicios y más juicios

La madeja de procesos legales no parece desenredarse, ya que según sostuvo Carlos Pavón, el 24 de mayo de 2007 el décimo cuarto tribunal colegiado concedió el amparo al sindicato minero y dejó sin efecto el laudo ordenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el que se daban por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo en Mexicana de Cobre.

Cabe referir que esta empresa, ubicada en Nacozari, Sonora, despidió a todos los trabajadores, según se lo permitió la JFCA y volvió a recontratar a algunos, pero ya sin contrato colectivo. Sin embargo, según refiere Pavón, hay un amparo que obliga a la empresa a restituir a los trabajadores en sus puestos de trabajo.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dice no conocer este amparo.

Explicó Pavón que precisamente el sábado pasado trabajadores fueron a reclamar su reinstalación a la empresa conforme a dicho amparo y fue cuando se les recibió a golpes y balazos, resultando muerto en los hechos Reynaldo Hernández.

 
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