Un juez de distrito les otorgó el amparo definitivo desde el 6 de agosto
Abogados de Flavio y Horacio Sosa logran traslado a penal de Oaxaca
El movimiento tuvo éxito por la fuerza del magisterio y de la APPO, afirman
Toluca, Méx., 16 de agosto. Flavio Sosa Villavicencio, consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y su hermano Horacio, fueron trasladados al mediodía de hoy del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, al reclusorio regional de San Juan Bautista Cuicatlán, ubicado a 104 kilómetros de la capital del estado.
Fuentes oficiales informaron que esto ocurrió después que el juzgado quinto de distrito en materia civil y de amparos del estado de México resolvió, el pasado 6 de agosto, otorgar la protección de la justicia federal a los hermanos Sosa Villavicencio para que fueran trasladados a un penal de mediana seguridad.
Aproximadamente a las 11 de la mañana, un convoy de seis camionetas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), ingresó por la aduana del penal federal del Altiplano, y 50 minutos después el contingente, integrado por más de 30 agentes, salió rumbo al aeropuerto internacional de Toluca con los hermanos Sosa Villavicencio.
A las 12:50 horas, una aeronave de la PGR, matrícula 212 XC-PFN, despegó de la terminal aérea de Toluca con destino a Oaxaca, donde arribó 40 minutos después.
Serán juzgados en Oaxaca
Los elementos de la AFI entregaron a los hermanos Sosa al director de la Policía Ministerial del estado, Daniel Camarena Flores, en el hangar del gobierno estatal. De ahí fueron trasladados en un helicóptero de la Secretaría de Protección Ciudadana a la región de la Cañada, donde se ubica San Juan Bautista Cuicatlán, informó un funcionario del gobierno estatal.
En un comunicado, el gobierno de Oaxaca expuso que el traslado se debió a una solicitud propia para dar cumplimiento a las peticiones de los familiares de los detenidos, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos defensores de las garantías individuales, para ser juzgados en un penal de la entidad.
Los abogados de los hermanos Sosa Villavicencio desconocían el traslado. Las autoridades del penal del Altiplano y del aeropuerto de Toluca intentaron negar el operativo, y una vez que los dirigentes de la APPO viajaron a Oaxaca, una fuente oficial mexiquense confirmó el hecho.
Eduardo Miranda Esquivel, abogado de los hermanos Sosa -una vez que su compañero Gilberto López Jiménez le confirmó que Flavio y Horacio acababan de arribar al aeropuerto de Oaxaca-, señaló que el traslado fue "un acto de justicia", porque no existían argumentos jurídicos para tenerlos recluidos en un penal de máxima seguridad. "Era grotesco e impune que permanecieran en ese lugar", agregó.
La intervención de los organismos civiles, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue fundamental para lograr que se acatara la resolución del juez quinto de distrito en materia civil y de amparo del estado de México, dijo Miranda Esquivel.
Entrevistado en Oaxaca, López Jiménez señaló que el desplazamiento de sus defendidos obedeció a una "decisión política" de los gobiernos federal y estatal ante el amparo otorgado por el juzgado 5 de distrito con sede en Toluca.
"Ganamos el amparo, pero la PGR apeló, aunque en forma extemporánea, y para no exhibirse más, porque el tribunal en materia penal del segundo circuito ya había desestimado el recurso, prefirió trasladarlos", señaló.
Apenas el lunes pasado el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, José Luis Lagunas López, señaló que Flavio y Horacio Sosa Villavicencio continuarían en el penal de máxima seguridad hasta que un tribunal colegiado resolviera el amparo en definitiva.
También atribuyó esa decisión a "la fuerza" del movimiento magisterial y popular agrupado en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en la APPO.
Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, además de Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Preventiva federal, en la ciudad de México, el 4 de diciembre pasado, después de una conferencia de prensa en la que los activistas aseguraron que estaban cerca de iniciar negociaciones con el gobierno
de Felipe Calderón sobre su demanda de declarar la desaparición de poderes en Oaxaca y la destitución del gobernador Ulises Ruiz.
Un día después fueron internados en el penal de máxima seguridad, a pesar de que ninguna de las seis causas penales en las que los involucraron era por delito federal, sino del fuero común.
Entre otros, los hermanos Sosa Villavicencio están acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y robo con violencia contra los policías ministeriales Joaquín Jiménez Ogarrio y José Luis Díaz Cruz, ocurridas presuntamente cuando los agentes intentaron penetrar al domicilio de Flavio, en el municipio de San Bartolo Coyotepec para darle muerte.
Las autoridades argumentaron que existían exámenes de criminalidad que justificaban que Flavio y Horacio eran de alta peligrosidad, pero estas pruebas no fueron puestas a consideración del juez, quien les otorgó el amparo el 6 de agosto.
Beatriz Castañeda Pedro, esposa de Flavio, y otros familiares, viajaron a San Juan Bautista Cuicatlán para tratar de verlos.