Los presos, entre los sectores más desprotegidos del continente: Florentín Meléndez
Las cárceles en América Latina, en "pésimas condiciones", afirma CIDH
Persisten la tortura, tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y sobrepoblación
Uno de los sectores de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de su libertad, ya que los centros carcelarios del continente "están en pésimas condiciones" y en ellos se continúan vulnerando las garantías fundamentales, aseguró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez.
El también relator para personas privadas de la libertad señaló que aunque existen "buenas intenciones" de los países que forman la Organización de Estados Americanos, los sistemas penitenciarios en todo el continente "se encuentran en el abandono", por lo que en el interior se vulneran los derechos humanos de los reclusos, pues aún persiste la presencia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y sobrepoblación en los reclusorios.
Al dar un avance del informe sobre reclusorios en las Américas, que la CIDH presentará en breve, Meléndez adelantó -en su reciente visita a México- que en el interior de estos centros existe la ley del más fuerte, que se han hallado menores y mujeres conviviendo con delincuentes de alta peligrosidad, y que los reclusos se ven sometidos a la corrupción de las autoridades.
"Estamos observando sistemas penitenciarios y carcelarios en abandono; sobre todo en América Latina estamos encontrando ejemplos típicos de altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento; altos niveles y contenidos de violencia carcelaria y abandono de la seguridad interna de las prisiones; ausencia de servicios básicos; falta capacidad del personal penitenciario y malas condiciones para ese personal, así como ausencia de programas de resocialización y rehabilitación", refirió.
Subrayó que pese a los avances democráticos que se presentan en la mayoría de los países del continente, aún existen "graves e inaceptables" violaciones a los derechos humanos de personas privadas de su libertad.
"Persiste la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes como prácticas sistemáticas en muchas prisiones; hay cárceles con 10 mil internos -como lo constató en su visita al Reclusorio Oriente de la ciudad de México, donde hay 10 mil 500 reclusos-, no imaginaba que habría cárceles sobre la faz de la Tierra que albergaran a 10 mil almas, esto es inmanejable en términos humanitarios y de seguridad".
Florentín Meléndez subrayó que de la misma manera que cualquier persona común, quienes están presos tienen derechos como el acceso a la salud y asistencia médica, a un trato digno y humano en términos sociales, a la alimentación, entre otros, por lo que el panorama en el continente no es alentador en ese sentido.
Para el relator de la CIDH, que se continúen vulnerando las garantías de las personas recluidas se debe a la "inoperancia del sistema judicial en nuestros países, y por la aplicación abusiva y desproporcionada de la ley".
Por ello señaló que la CIDH ya trabaja en una Declaración de Principios de las Personas Privadas de la Libertad, normatividad de la que carece el sistema interamericano, cuyo objetivo será proteger a quienes se encuentren recluidos en cárceles o centros de detención y que se pretende tener lista antes de que finalice este año.
"En esta normativa pretendemos priorizar el trato humano a la persona privada de la libertad, ese es el punto rector en la política pública de atención a estas personas: tratarlo como ser humano y reconocer en consecuencia que es sujeto de derechos, con las condiciones que conlleva su situación de internamiento; el derecho de igualdad y no discriminación. El de igualdad y de debido proceso legal, y el de control judicial y ejecución de la pena."
Meléndez indicó que México tiene alrededor de 500 peticiones para que la CIDH analice presuntas violaciones a los derechos humanos, luego de que se han agotado las instancias internas para acceder a la justicia. De éstas, dijo, un número importante son de personas presas que denuncian tortura; malas condiciones carcelarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes; incomunicación; no garantía al debido proceso; no respeto a la presunción de inocencia, y no derecho a la defensa.
Puntualizó que pese a que la normativa internacional establece que las resoluciones de la CIDH hacia los estados son recomendaciones, los países están obligados a cumplirlas. "Mi punto de vista jurídico es que estas recomendaciones, que emanan del sistema de casos (analizados), son jurídicamente obligatorias para el Estado, independientemente de que el tratado las identifique como recomendaciones. Se utilizan términos imperativos, no potestativos; los Estados deben actuar de buena fe y cumplir de buena fe los tratados que firmaron y ratificaron. No son un grupo de pandilleros y delincuentes que han establecido normas, sino Estados con personalidad jurídica internacional", concluyó.