La secretaría emprenderá un operativo nacional para verificar esas instituciones
En la ilegalidad, una de cada 5 escuelas privadas que ofrecen bachillerato: SEP
En octubre estará listo el proyecto de reforma para la educación media superior
De un total de 3 mil 425 escuelas privadas que ofrecen el bachillerato, alrededor de 700 –20 por ciento– no se ubican en el domicilio que registraron para obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios (Rvoe), por lo que una de cada cinco escuelas de paga no está autorizada para ofrecer los servicios educativos porque violan la ley y de no proceder a su regularización serán sancionadas con la revocación de dicho registro, afirmó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, al anunciar que hoy se iniciará el operativo nacional en estos planteles para verificar si cumplen los requisitos mínimos de calidad.
Adelantó que para octubre estará listo el proyecto para la reforma de este nivel educativo, con el objetivo de que en este año comience su discusión y para el siguiente la capacitación de los maestros. La meta es que entre en operaciones en el ciclo escolar 2008-2009.
En entrevista con La Jornada, Székely Pardo reconoció que la cantidad de planteles que no fueron localizados en el domicilio reportado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) es alarmante; sin embargo, se realizarán los trabajos necesarios en aras de tener un “panorama distinto para que la minoría sea la excepción”.
En noviembre se hará en estos planteles una segunda revisión y a los que no cumplan con las observaciones de la primera inspección se les “podrá revocar el Rvoe”, aunque hay casos que implican una sanción preventiva, como por ejemplo que los profesores no cuenten con título profesional.
Aclaró que “si vemos que hay riesgos en la infraestructura escolar no se esperará a que esto se corrija, por el riesgo que implica para los alumnos”.
El funcionario explicó que si uno de cada cinco planteles no cumple con los requerimiento para ostentar el Rvoes significa que “los padres de familia no obtienen los servicios por los que están pagando”, no por el hecho de haber cambiado de ubicación, sino porque al hacerlo no se cuenta con la revisión oficial de las nuevas instalaciones.
Lo anterior puede dar lugar a irregularidades en su infraestructura, en su plantilla docente o a otro tipo de violaciones a la ley, alertó. Expresó que cualquier modificación que estas escuelas realicen, ya sea en su profesorado –quienes deben contar con título profesional–, en sus instalaciones o a nivel del cambio de dirección tienen que informarlo a la autoridad educativa, porque de lo contrario incurren en violación de la norma.
Al anunciar que a partir de este lunes estará a disposición de la ciudadanía la página electrónica con la información de cada una de estas escuelas en términos de ubicación, señaló que entre las posibilidades de no estar en el domicilio reportado están que existan planteles que no cumplen con las normas y ostentan un registro: “Es como tener una licencia o un pasaporte falso”. Pero también puede darse la posibilidad de que al hacerse pública la información, la escuela solicite una inspección para estar en regla.
Esto, en cuanto a los planteles de paga que tienen Rvoe, pero también, añadió, hay otros que no lo han obtenido y dicen tenerlo.
Respecto al operativo nacional que hoy dará inicio, explicó que se contará con formatos para registrar la información de esas escuelas en cinco rubros: datos generales, de las carreras, perfil de docentes, infraestructura escolar, y planes y programas de estudio.
De acuerdo con el formato de 11 páginas, se les preguntará, por ejemplo, si el laboratorio cuenta con conexión de computadoras a la red o a Internet, si el equipo de sus talleres es obsoleto, si sus sanitarios son comunitarios o cuentan con módulos separados para el personal docente, para hombres y mujeres, así como el número de alumnos inscritos o las asignaturas que imparten los docentes, entre otras cuestiones. Dos semanas después de la visita, cada plantel podrá revisar sus resultados –para lo cual se les dará una calificación del 1 al 5– en una página electrónica y, en noviembre, se hará una segunda revisión en la que se aplicará el mismo cuestionario.
Todo esto, finalizó, es para mejorar la calidad mediante un mecanismo de información con el propósito de que los ciudadanos que pagan por una servicio conozcan lo que obtienen por su inversión.